Las crisis políticas, en muchas ocasiones, se caracterizan porque una persona se convierte en el centro de estas, aunque exista una larga serie de otra gente que ha coadyuvado a provocarlas. En el caso actual es la vicepresidenta Roxana Baldetti quien se ha convertido en la causa del detonante que terminó con la paciencia y el silencio cómplices de la ciudadanía guatemalteca a la inveterada costumbre de inaceptables desmanes en el ejercicio del poder, aunque este tenga comicios libres como base.

Las causas son muchas y están mezcladas. Incluyen declaraciones poco serias, enriquecimiento súbito y, sobre todo, desparpajo muy cercano al cinismo. Aunque el actual gobierno, como todos los que le antecedieron, ha sido ejemplo de abusos de todo tipo, lo ocurrido en las últimas semanas simplemente se convirtió en la muy grande gota que rebalsó el vaso de la prolongada tolerancia de los guatemaltecos.

Acciones como haber querido convencer a los guatemaltecos acerca de la pócima mágica para salvar el Lago de Amatitlán en pocos meses, posteriormente negarse a revelar la fecha de su regreso al país luego del destape del escándalo por robo de impuestos cometido por una banda dirigida por su secretario privado, que después desapareció en forma igualmente misteriosa, causaron tanto el rechazo a la vicepresidenta como el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ganó la partida y obligó al presidente a aceptar, a regañadientes, la permanencia de esa entidad.

La solicitud popular es que Roxana Baldetti renuncie al cargo, lo que le toca a ella decidir, porque tiene relación con las razones familiares por las que dijo que abandonaba su anterior idea de ser candidata a la alcaldía capitalina. Por supuesto, ello significaría el entierro de su ya moribunda carrera política, pero para el partido oficialista, que ella ayudó a fundar, es una tabla de salvación, porque ahora nadie quiere sumarse a ningún proyecto político de un Partido Patriota al borde de la secesión. Sería el primer caso en la historia política de un partido en el gobierno que de hecho se desintegra antes de entregar el mando para el que fue elegido.

Su renuncia significaría que el Congreso elija a alguien para permanecer ocho meses y medio en la Vicepresidencia, que por necesidad se convertiría en una figura anodina, como ocurrió con el sustituto del doctor Francisco Villagrán Kramer, segundo de a bordo del general Romeo Lucas García, poco antes del golpe de Estado que encabezó Efraín Ríos Montt, en 1982.

La otra opción es que se quedara en el cargo, con la condición de que en la práctica se abstenga de ejercerlo y se aleje de las entrevistas de prensa, de las declaraciones apresuradas y poco serias, en fin, de todo lo que se convirtió en causa de la multitudinaria expresión pública de rechazo en la capital y varios departamentos, el sábado anterior. Si se separa voluntariamente, el juicio de la historia podría ser un poco menos severo, y si no lo hace, se convertirá en la causa principal de la contundente derrota electoral que espera al desfalleciente Partido Patriota.