Después de evadir por tres años la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones —porque les convenía más seguir con la misma CSJ electa por el PP y Líder—, después de aprobar presupuestos desfinanciados, clientelares y con lesivos pactos colectivos, después de intentar varias veces la aprobación de leyes mañosas para coartar la libertad de expresión, después de usar recurrentes cercos policiales para no oír el clamor ciudadano, después de recetarse millonarias pólizas privadas de seguro de vida, después de bloquear interpelaciones y citaciones a funcionarios del Ejecutivo, después de asignar un botín vial de Q3 mil 191 millones con muy escasos resultados y después de relegar la continuación de reformas electorales —entre ellas la posibilidad de elegir por nombre y no en listados urdidos por los partidos—, entre otros muchos incumplimientos, una mayoría de diputados de la actual legislatura se perfila para volver a pedir el voto ciudadano para ser reelectos, ya sea con las filas del partido oficial o de otras bancadas adláteres que han formado parte de la alianza, incluyendo algunos que eran supuestos opositores pero igual pactaron obvios arreglos bajo la mesa.

Después de tantas omisiones, abusos y dispendios podría leerse como osadía que congresistas prepotentes, faltistas, borrachos, improductivos o incluidos en listas de corruptos se vuelvan a presentar a la ciudadanía para pedirle que los reelija por 4 años más.

Pero no hay tal valor: es acomodamiento, desesperación, afán de alargar privilegios y de seguir negociando ganancias individuales a costa de una representación lograda a base de ofrecimientos incumplidos. Supuestamente aportan caudal político, pero también el desgaste y desprestigio que acarrean.

Los tránsfugas abundan, y aunque se trata de una práctica proscrita en la Ley Electoral, el TSE juega a favor de los politiqueros y les permitirá competir por un partido aunque todavía pertenezcan a otro. En todo caso, la ciudadanía ya conoce los nombres y apellidos de los “representantes” de sus distritos. Por allí puede empezar la evaluación del desempeño y resultados de los diputados locales, no en obras de última hora, bolsones discrecionales de gasto o repartos de víveres o tiempos de comida pagados con dinero público, sino en resultados reales en legislación, designación de funcionarios, fiscalización, impulso al desarrollo y la competitividad.

Nombres polémicos empiezan a amontonarse para negociar los primeros lugares de aspirantes por lista nacional o distrital. A todos cabe cuestionar lo mismo: ¿Qué iniciativas apoyó? ¿A quiénes protegió? ¿Obtuvieron negocios sus financistas, empresas, patrocinadores o familiares? ¿Cargó a los contribuyentes pagos inviables a grupos de presión? ¿Apoyó la limitación de derechos ciudadanos? ¿Fue comparsa de omisiones y componendas? La respuesta debe ser muy simple: sí o no. Y esa misma será la guía para el voto.

Por eso los partidos no deberían ufanarse de tener dos, tres o más nombres gastados en sus planillas de aspirantes al próximo Congreso. También figuran personajes cuestionados que no son diputados pero quieren serlo en la próxima gestión solo para tener inmunidad. Discernir sobre sus actos es obligación del ciudadano consciente y responsable. Cuando a la actual legislatura se le pidió atención a la transparencia, a la institucionalidad y al cuidado del erario, respondió con barricadas de policías y puertas cerradas. Ahora están a mes y medio de empezar a pedir que los elijan de nuevo. Usted decidirá.