El arranque de la campaña electoral del 2019 está innegablemente  impregnado por la circunstancia judicializada de algunos candidatos, procesos que generan dos efectos inmediatos: incertidumbre sobre la ya extensa lista de aspirantes a la Presidencia y dudas sobre un posible sesgo en el sistema de justicia,  el cual accionó de manera favorable hacia determinadas figuras políticas en casos de antejuicios, pero que tiene otros procesos legales  salpicados por posibles conflictos de interés.

Personajes políticos vinculados con sendos señalamientos no pueden simplemente lavarse la cara o eludir la responsabilidad ética de explicar su realidad. Al aspirar a la más alta magistratura de la Nación, no deben ampararse solo en legalismos, sino responder con hechos a los señalamientos. Si bien es cierto que la presunción de inocencia es un derecho ciudadano ante un juez, no equivale a un  cheque moral en blanco, puesto que el país ha vivido suficientes desengaños respecto del proceder de gobernantes que llegan incluso a atacar a los entes encargados de procurar justicia cuando sus resoluciones les resultan adversas. Definir la tesitura ética de quienes aspiran a cargos públicos va más allá de invocaciones religiosas,  declaraciones mediáticas sobre temáticas controvertidas o retóricas ideológicas de mitin. La escala axiológica de cualquier candidato solo puede ser producto de una correlación de trayectoria profesional, acciones y resultados.

Uno de los casos en que confluyen en un punto crítico lo jurídico, lo político y lo personal  es el de la orden de captura vigente contra Thelma Aldana, candidata presidencial del partido Semilla. La orden fue emitida por el juez décimo Penal, Víctor Manuel Cruz, a causa de una denuncia promovida por el partido Todos, cuyo principal dirigente, el diputado Felipe Alejos, fue señalado   cuando Aldana era fiscal. El antejuicio contra Alejos fue declarado sin lugar el 21 de noviembre del 2018, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un hijo de uno de los magistrados que votaron a favor de mantener la inmunidad  figura como candidato a diputado en el partido de Alejos.   Aldana, quien se encuentra en El Salvador, alega  venganza por sus acciones al frente del MP y pospuso su regreso al país a fin de evadir su aprehensión. Pero ella es ahora una figura política y  sus decisiones generan interpretaciones. Está ante un doble filo: si prolonga indefinidamente su estadía fuera del país, ello podría conllevar un  desgaste de su imagen, basada en el cumplimiento de la ley; si regresa al país, podría enfrentar una posible prisión preventiva.

La actual CSJ, de la cual varios magistrados buscan la reelección, libró a otra presidenciable, Sandra Torres, de la UNE, de perder su inmunidad,  el 27 de febrero, al rechazar una petición de antejuicio por supuesto financiamiento ilícito, sin entrar a conocer las pruebas del MP, justo después de su inscripción, entre las cuales había audios de llamadas telefónicas que una jueza impidió escuchar a causa de la inmunidad vigente.

El 20 de marzo, la CSJ amparó en definitiva a  Zury Ríos, presidenciable de Valor, cuyo amparo provisional había sido revocado por la Corte de Constitucionalidad (CC), debido a la aplicabilidad de una prohibición constitucional. Ríos alaba a la CSJ y vitupera a la CC, según las sentencias. Llegó a declarar que no estaría obligada a obedecer órdenes que crea ilegales. Otro caso es el de Mauricio Radford, cuya candidatura fue revocada por el Registro de Ciudadanos  por un proceso penal relacionado con su gestión en el Renap. El candidato de Fuerza interpuso un amparo ante la CSJ para buscar que el TSE le restituya la credencial. En todos los casos colisionan factores jurídicos y realidades políticas, pero debe prevalecer el proceso apegado a Derecho. Eso sí, cada proceso va contra reloj, debido a que se trata de una campaña electoral atípica y concurrida a la cual le restan 83 días.