Queda cada vez más claro que independientemente del resultado de las elecciones presidenciales y legislativas de Estados Unidos, la política de dicha potencia para la región del Triángulo Norte, y específicamente para Guatemala, tendrá pocas variantes. Tanto si prosigue Donald Trump o si lo releva Joseph Biden, es evidente que el foco de atención de su política diplomática estará en el fortalecimiento de la institucionalidad, el combate de la corrupción y el apoyo a proyectos productivos para propiciar la inversión y las exportaciones.

Cerca de 3 millones de connacionales se encuentran en territorio estadounidense, la mayoría de los cuales no tiene estatus legal regularizado; por lo tanto, sí existe una actitud de expectación sobre el resultado de los comicios, debido a posturas parcialmente encontradas entre republicanos y demócratas respecto de una posible reforma, ofrecida por Biden, pero que también prometió cuando fue vicepresidente de Barack Obama; por otra parte, Trump anuncia el endurecimiento de los filtros de asilo y fortalecer el combate del ingreso de indocumentados, pero así también ha abierto, recientemente, programas de visas temporales de trabajo para guatemaltecos.

En todo caso, el verdadero objetivo a largo plazo que podría contribuir a reducir el éxodo al Norte es potenciar una agenda de desarrollo económico y humano en los países de la región, lo cual comienza por la depuración de sospechosos de corrupción que están enquistados o habían sido expulsados y volvieron a colocarse en cargos estatales. Son tales rémoras las que entorpecen la debida ejecución de proyectos de infraestructura y servicios que pueden transformar a la región.

Personas y grupos que hasta hace unas semanas festejaban el augurio de victoria de Trump, por considerarlo un supuesto aliado psicológico de sus ataques contra fiscales y jueces anticorrupción, han constatado que todo su círculo próximo de secretario y subsecretarios de Estado no se traga ya las dicotomías pseudoideológicas inventadas en el gobierno anterior. Las recientes sanciones contra una exdiputada y un diputado, por corrupción y acciones que afectaron intereses estadounidenses, solo parecen ser la punta de lanza de una estrategia bipartidista para potenciar a la justicia guatemalteca sin signo político.

En un plano geopolítico, la corrupción representa un peligro inminente para EE. UU., debido a que socava las instituciones y amenaza la integridad del funcionamiento de los poderes del Estado. La penetración de operadores y negociadores vinculados con grupos de expoliadores del erario, mafias del contrabando u organizaciones del narcotráfico constituyen una vulnerabilidad que la superpotencia no está dispuesta a dejar crecer. Los puertos porosos, fronteras descuidadas o cielos sin control podrían ser aprovechados, tarde o temprano, por grupos terroristas aliados con criminales organizados. Para hacer frente a estas amenazas se necesita de Estados fuertes, eficientes, probos y transparentes.

Esto no resta un ápice de importancia a la defensa vehemente y constante que el gobierno de Guatemala pueda emprender, ante las autoridades electas, a favor de los connacionales radicados en EE. UU., una comunidad caracterizada por su espíritu de trabajo. Los migrantes no deberían ser público objetivo electoral y luego ser dejados al margen. Es su esfuerzo el que aporta miles de millones de dólares en divisas a la economía del país, pero se trata de un insumo que no será eterno.