Las acciones vandálicas emprendidas por supuestos exmilitares para demandar un descomunal e inviable pago con tácticas extorsivas exhiben las auténticas motivaciones dinerarias de este grupo, que ni siquiera cuenta con la documentación necesaria para acreditar fehacientemente a sus integrantes. En todo caso, a la luz de los hechos, los organizadores deben ser identificados y legalmente encausados por el Ministerio Público, por las consecuencias de esta incursión en un parqueo del Congreso de la República que devino en el incendio de varios vehículos.

Extraño es que no se hayan visto los recurrentes cordones policiales. La seguridad perimetral era como era hace 11 meses, cuando fueron incendiadas dos oficinas por individuos que nunca fueron identificados por el Ministerio Público, que esta vez tiene ante sí un segundo ataque contra el Congreso, grabado en video. Curiosamente solo hay dos capturados por los incidentes, y del resto ni sus luces, lo cual demuestra también la inexistente solidaridad entre quienes claman resarcimiento por un servicio patriótico que hoy desdicen con sus pretensiones, métodos y acciones.

También es necesario señalar a diputados politiqueros y funcionarios venales que alimentan el fragor con sus declaraciones irresponsables, demagógicas y utilitariamente ambiguas. Algunos son vástagos de militares, otros se venden como paladines conservadores y algunos más solo buscan réditos electoreros, sin importar el costo de un despropósito desfasado. Esta manipulación no solo ocurre en este caso, sino también en las negociaciones secretas con los seguidores de Joviel Acevedo, que amenazan con recurrir a medidas de fuerza que siempre conculcan el mayoritario derecho ajeno.

Las ilegalidades no tienen signo político: tanto la barbarie de destrozar monumentos en nombre de revisionismos vacuos como la salvajada de irrumpir en un predio estatal para destruir lo que esté al paso merecen todo el peso de la ley, con apego al estado de Derecho pero también en resguardo de la institucionalidad. Nuevamente, las autoridades deben comportarse a la altura ética de su cargo, sin dobles discursos ni apelaciones teocráticas inaplicables en un Estado laico.

Se percibe un ánimo colectivo volátil que puede tener causales pero ninguna justificación a la hora de transgredir leyes vigentes. Las agresiones de conductores contra agentes de tránsito son delitos, y punto. Pero también lo son los abusos de fuerza e incumplimientos de deberes. Lamentablemente, el Ministerio Público ni siquiera ha logrado esclarecer los excesos policiales en contra de manifestantes de noviembre de 2020 ni ha podido individualizar a los iconoclastas del 12 de octubre último. Es de esperar que si hay una manifestación este 20 de octubre, se desarrolle en orden y civilidad.

En Prensa Libre y Guatevisión repudiamos de manera enérgica la agresión de la cual fue víctima uno de nuestros fotoperiodistas, quien cumplía con su trabajo cuando fue atacado tumultuariamente a palos por varios supuestos exmilitares. Borrado queda el honor que pregonan haber defendido. Intentaron despojarlo de su equipo, a lo que él se resistió, fiel a su misión informativa, lo cual recrudeció la agresión. Al fotógrafo de otro medio le destruyeron la cámara. Pero esto solo refuerza nuestro compromiso de informar con veracidad, sobre todo en situaciones que amenazan el erario, el desarrollo y la institucionalidad democrática, especialmente su garantía fundamental: la libertad de expresión.