Reza el viejo dicho que “ al ver las barbas del vecino cortar, hay que poner las propias a remojar”, una metáfora acerca de que nadie está aislado de la adversidad ajena y hay situaciones sobre las cuales cabe asumir posturas de preventiva cautela en panoramas geopolíticos y económicos tan complejos y cambiantes como el que se vive hoy. La guerra en Ucrania sigue, los costos logísticos continúan elevados, los créditos tienden al alza, y aunque el precio del petróleo tiene relativas bajas en la bolsa de valores, los costos de los combustibles no solo dependen de ello. Por si fuera poco, a nivel local el costo de las gasolinas podría subir al agotarse el plazo y monto del opaco subsidio estatal.

Los precios de abarrotes, verduras y otros alimentos siguen en paulatina alza. Incluso las tortillas, que hasta hace poco eran a 3 por Q1, ahora cuesta 50 centavos la unidad, por no mencionar los costos del pan o los ajustes en el cobro de la electricidad. Si un ciudadano no tiene vehículo propio percibe los incrementos en las tarifas de autobuses y taxistas, que siguen las tendencias de los combustibles al alza, pero no lo hacen cuando bajan.

La ciudadanía guatemalteca sobrelleva de manera estoica, mas no indiferente, el conjunto de alzas, en el entendido de que existen causas externas que inciden de manera decisiva. Quienes tributan al fisco a través de impuestos como el IVA o el ISR cumplen mayoritariamente con su obligación, a pesar de la falta de mecanismos de compensación o las claras deficiencias del Estado. Existe, por ejemplo, un impuesto a los combustibles que, en teoría, sirve para dar mantenimiento a las carreteras, pero en la práctica se usa para mantener otra clase de gastos. Si a ello se suman los botines de gastos oscuros, los pagos de sueldos a diputados faltistas o las millonarias asignaciones sin fiscalización, el desagrado se torna en potencial crisis.

Cuando los gobiernos se hacen de oídos sordos o declaran que “les viene del norte” cualquier reclamo crítico entran en una inercia sorda que acrecienta los riesgos de conflictividad, como ha ocurrido en Panamá en semanas recientes, cuya población, cansada de la carestía, la inflación y la ineficiencia estatal, salió a las calles. Tal enojo se incubó durante varios gobiernos pero terminó de inflamarse con la tormenta económica global y la imprevisión de las autoridades actuales.

No le hace ningún favor al Gobierno que de pronto salga el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, a lanzar la hipotética pero amenazante medida punitiva de no vender gasolina a quienes no hayan pagado el impuesto de circulación. Eso no solo sería disfuncional, sino que agitaría un desencanto preexistente sobre la calidad del gasto e ineficiencia del Ejecutivo. Por la tarde, en un comunicado de prensa, se retractó.

La SAT debería analizar mejores vías para ampliar la base tributaria y también para crear incentivos al cumplimiento, en lugar de inventar alambicados castigos que a la larga causarán complicaciones a los expendios y estimulará prácticas como el contrabando o la venta clandestina de gasolinas.

La misma SAT se quejó hace algunos días del excesivo número de facturas giradas al destinatario “consumidor final” y exige que se use el número de identificación tributaria. Sin embargo, se olvida de que hace casi una década se eliminó un incentivo a tal práctica: la planilla de facturas para generar crédito fiscal deducible del ISR. Lo mismo en el caso del impuesto de circulación, hay factores colaterales como el súbito cobro de supuestas multas atrasadas emitidas por comunas como la de Villa Nueva, por infracciones que datan de 2018 pero que el año pasado no aparecían.