Lo que no terminan de entender los bloqueadores de carreteras, bajo cualquier pretexto, símbolo, demanda o discurso, es que su estéril acción golpea con especial inmediatez y gravedad cotidiana a quienes dicen defender: el ciudadano de a pie tiene que, literalmente, bajarse de la unidad de transporte en la cual se dirige a su empleo, a su negocio, a vender algún producto agrícola o artesanal, a una consulta hospitalaria o al centro de estudios en donde busca superarse. Para mayor paradoja, los piquetes de bloqueo no superan las 50 personas, pero el impacto es para miles de connacionales y eso lo creen un logro, una reivindicación.

Sin embargo, existe otra ironía adicional, cuya raíz puede estar en el miedo, el descontrol en la cadena de mando o bien una condescendencia cómplice: a pesar de que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a los empresarios que solicitaron asegurar el derecho a la libre locomoción en todo el territorio del país, los pelotones policiales efectuaron largos cabildeos con los manifestantes, que en efecto tienen derecho a expresar sus demandas, consignas y creencias pero sin dañar las garantías de los demás, de la mayoría.

No fueron minutos, fueron horas las que duraron los arbitrarios cierres viales impuestos por grupos en ciertos pasos claves, con pérdida de jornales, combustible, atrasos en embarques, pedidos incumplidos y demás consecuencias: un daño grande contra el cual existía una medida precautoria que fue incumplida. ¿A quién exigirle cuentas de esta inacción? Grupos usualmente feroces contra funcionarios incómodos la emprenden con exigencias de antejuicio o interpelación por mucho menos que esto. En este caso, silencio.

Por otra parte, los mismos bloqueadores, que enarbolan reivindicaciones y señalan al Gobierno de numerosos despropósitos, parecen no darse cuenta de que una posibilidad de la inacción policial es que su metodología de protesta termina siendo la más gratuita y útil cortina de humo en las actuales circunstancias del devenir nacional, con pendientes tan críticos como la elección de fiscal general, la falta de vacunas de segunda dosis para niños de 6 a 11 años, la aprobación del crédito piñata de US$500 millones y hasta el contradictorio proceso de elección de próximo procurador de Derechos Humanos.

Algunas de las situaciones enumeradas anteriormente pasan por las consignas y pancartas de los manifestantes, pero el malestar generado en decenas de miles de guatemaltecos atrapados en las carreteras convertidas en parqueos obnubila tales reclamos, debido a las necesidades inmediatas que se ven agravadas con la pérdida de un día entero de trabajo que debe ser multiplicado por la cantidad de afectados para poder calcular su dimensión dañosa.

Para hoy se prevén nuevas tomas de carreteras. Un recurso que se ha repetido incontables veces con el mismo resultado. Los más de Q300 millones en pérdidas de ayer son una buena razón para garantizar la libre locomoción de todos, incluyendo la de los manifestantes, que bien pueden usar plazas, áreas verdes u orillas de las vías, mas no impedir que otros guatemaltecos se ganen el sustento. Los orquestadores de este tipo de estrategias traen mala escuela de otras latitudes en donde ya se han montado las estructuras estatistas que proponen y no han funcionado. El camino de la democracia es difícil pero se construyen juntos, en unidad, sin afectar a los más vulnerables.