Prácticamente al filo del último mes del período de Jimmy Morales, el secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Chad Wolff, se reunió en Guatemala con representantes de los gobiernos de los países del Triángulo Norte, a fin de continuar con la coordinación de planes de seguridad regional, esfuerzos contra la trata de personas, además del combate de pandillas y grupos criminales. En general son buenas las declaraciones de intenciones, son ambiciosos los objetivos y queda claro que la agenda del gobierno de Donald Trump está orientada a lograr resultados dentro de un cronómetro electoral en marcha.

En la conferencia de prensa final de ayer se mencionó tangencialmente el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, pero en otra conferencia desarrollada dos días antes, en Washington, el caso guatemalteco fue puesto como referente de programa de asilo, si bien el subsecretario interino de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, evitó denominarlo Tercer País Seguro, aunque elogió su puesta en marcha. De hecho, ayer llegaron ciudadanos hondureños que optaron por ser trasladados a su país. Solo cabe anotar que después de 140 días de la firma de dicho convenio, pacto, acuerdo o como se le quiera denominar, el gobierno guatemalteco mantiene oculto el texto total, con lo cual se impide verificar si cumple con los requerimientos constitucionales de Guatemala o si, dada su puesta en marcha, podrían deducirse responsabilidades civiles o penales contra quienes hayan permitido una eventual transgresión.

El aspecto de mayor importancia regional ayer fue la mención de una propuesta de revisión del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, firmado en junio de 2006 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en virtud del cual los ciudadanos de estos países tienen derecho de desplazarse dentro de los territorios firmantes, sin más restricciones que presentar sus documentos legales de identidad. Este convenio es popularmente conocido como CA-4 y constituye uno de los mayores logros del Sistema de Integración Regional (Sica), puesto que acerca aún más el largamente ansiado ideal de una región integrada.

Se desconoce cuáles son los puntos que propondría revisar Estados Unidos o alguno de los países miembros. Se mencionó que el objetivo sería dificultar el desplazamiento y relocalización de grupos ilícitos y de pandilleros, aunque sin duda queda también en el trasfondo el tema de la migración de indocumentados hacia el norte. En todo caso, debe tomarse en cuenta que buena parte del progreso regional se basa en la agilización del comercio, la unión aduanera, el intercambio de bienes industriales y el crecimiento del turismo interregional, lo cual no debería ser entorpecido por restricciones formales que solo perjudicarían a los ciudadanos y no harían mella en los grupos criminales, ya de por sí acostumbrados a moverse al margen de las reglamentaciones. El modelo de bloque económico es la vía para afrontar los grandes desafíos competitivos, por lo cual no debe ser debilitado ni entorpecido.

Lo que sí debería implementarse con celeridad es la idea de integrar de mejor manera los controles de flujos financieros regionales, como herramienta para atajar el lavado de activos, tanto aquellos provenientes del narcotráfico como de otras actividades delictivas, entre las cuales se encuentra la corrupción, que constituye uno de los grandes frenos para el desarrollo de la región y a cuyo combate Estados Unidos se ha comprometido.