EDITORIAL

Contradicción gobierno-ONU

La decisión del presidente Jimmy Morales de terminar unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el inmediato rechazo del secretario General de la ONU, António Gutérres, abrió una nueva puerta de dudas, por haber sido rechazada la acusación gubernativa de que dicha entidad no atendió las peticiones hechas en su momento, como también afirmó la canciller Sandra Jovel ayer mismo, en New York.

Se abrió la duda de qué sucederá realmente, porque la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo y a la vez le dio 48 horas al Gobierno para rendir un informe circunstanciado sobre su decisión.

A pesar de que el presidente señaló a los tres jefes de la Cicig como culpables de acciones ilegales, casi la totalidad de las críticas fueron dirigidas directamente al actual, Iván Velásquez, a quien acusó de delitos y abuso de autoridad.

Durante una conferencia ofrecida en el Palacio Nacional de la Cultura por el presidente Morales, en compañía de su gabinete, fueron invitadas varias personas para servir como declarantes acerca de las supuestas acciones ilegales de la Cicig desde el principio de sus actividades, según el mandatario. Las palabras presidenciales fueron acompañadas de videos y grabaciones que, a juicio del Gobierno, justifican la decisión de expulsar del país a esa comisión y sus funcionarios.

Entre sus declaraciones, el presidente insiste en que la Cicig aceptó testimonios de secuestradores y asesinos y que el Estado guatemalteco demandará a la ONU para que pague una compensación económica a las víctimas, y además le da a esa entidad mundial 24 horas para que justifique los gastos. Fue presentada una carta en la que la ONU afirma que la Cicig no es parte integrante de esa institución mundial.

A causa del poco tiempo transcurrido desde el anuncio gubernativo y la respuesta de la ONU, es todavía muy pronto para analizar la totalidad de los criterios que deben ser tomados en cuenta en un caso tan complicado y sin precedentes en el mundo.

Pese a las declaraciones presidenciales, es imprescindible saber qué sucederá realmente con los casos relacionados con la abundantísima corrupción en el país. El temor de que desaparezcan ya empezó a ser manifestado dentro y fuera del país y se debe tener claro que si ese fuera el resultado, constituiría un hecho causante del desasosiego nacional, por ser un premio para quienes han llegado incluso a ser responsables de la muerte de infantes y de adultos.

El mundo atraviesa actualmente por una cruzada contra la corrupción. El Gobierno debe tener especial cuidado en actuar para que esa duda quede aclarada con hechos. Hoy su mayor problema es la falta de credibilidad a causa de sus acciones anteriores.

Guatemala se encuentra nuevamente en medio del huracán. Por eso todas las instituciones del país, sobre todo aquellas de existencia comprobada y que no son resultado de la acción de grupos cuya representación social es autonombrada, están llamadas a pronunciarse. Se necesita valentía, por supuesto, pero queda claro que la pusilanimidad, el dejar pasar, el no involucrarse, son factores fundamentales que explican la tragedia que sufren los guatemaltecos.