Podría transmitir una imagen demasiado fuerte el enunciado que titula este editorial, pero solo así puede sintetizarse la explicación a la crisis de violencia criminal que azota al pueblo de Ecuador. Al menos 10 atentados sincronizados con explosivos caseros y carros bomba sacudieron las localidades de Esmeralda y Guayas la madrugada del 1 de noviembre último, además de ataques mortales contra policías, perpetrados por bandas de narcotráfico, en abierto desafío a la autoridad del Estado.

El gobierno ecuatoriano atribuye esa barbarie a represalias por el traslado de 800 reos y la reciente incautación de más de dos mil kilos de cocaína. Sin embargo, la campaña de terror abarca todo el año, pues desde enero se han registrado 145 atentados con explosivos en el país, la mitad de los cuales ha ocurrido en Guayaquil, ciudad portuaria considerada como la capital económica, de la cual parten cargamentos de droga dirigidos a costas centroamericanas. Los ilícitos van ocultos en contenedores o son trasegados en lanchas tiburoneras. Buena parte de este delito creciente sería imposible sin la complicidad de ciertos funcionarios, policías o militares.

El narcotráfico ha aprovechado la discontinua estrategia institucional de seguridad, sujeta a veleidades politiqueras, populismos y errores crasos como el debilitamiento del sistema de inteligencia policial. También inciden el descontrol del sistema carcelario y el crecimiento de áreas de cultivo y procesamiento de amapola y hoja de coca, lo cual, a su vez, ha complicado la gobernabilidad, aumentado las disputas territoriales, mejorado la capacidad ofensiva de las mafias y potenciado la penetración de dinero del narcotráfico en la política local, a través del financiamiento de campañas de ciertas alcaldías en zonas fronterizas o portuarias.

Este agravamiento ya era advertido por estudios como el publicado en el 2020 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), titulado Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico, en el cual se subraya el nefasto papel de funcionarios y políticos corruptos en diversos estamentos del Estado, coludidos con grupos de narcos que tienen nexos directos con carteles mexicanos y mafias de distribución de estupefacientes en Europa.

Las disputas por rutas y cuotas de poder crean una espiral de violencia que ha degenerado en terrorismo indiscriminado. Ecuador era en la década 1990 solo un lugar de paso para los cargamentos ilícitos; sin embargo, el fuerte combate del cultivo y elaboración de drogas en Colombia y Perú fue obligando a la mudanza de plantíos hacia zonas selváticas o montañosas ecuatorianas. Curiosamente, algunos elementos de este proceso tienen cierta coincidencia con otros claramente identificados en Guatemala. Por su posición geoestratégica era, hace una década, simple escala para el trasiego de cargamentos para carteles mexicanos, por lo cual muchas alcaldías costeras aún son codiciadas por estos grupos. Poco a poco se detectan más sembradíos de coca y amapola en áreas con práctica ausencia del Estado y a veces bajo autoridad de alcaldes o diputados señalados de tener nexos con carteles.

Es nuestro más sincero deseo que el gobierno y el pueblo ecuatoriano encuentren las vías efectivas de derecho para superar este grave brote violento, pero el verdadero reto a largo plazo es recuperar la gobernabilidad, erradicar la corrupción e impulsar el desarrollo humano integral como única vía sostenible para evitar que los grupos criminales recluten a más jóvenes como carne de cañón.