Editorial

Datos censales deben orientar políticas

Casi a hurtadillas, en los días cercanos a la Navidad y muy lejos de la parafernalia que rodeó la primera presentación de los datos del Censo Nacional de Población, el 17 de septiembre, celebrada en el Teatro Nacional, con la presencia del binomio presidencial y el gabinete de Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística publicó un breve comunicado en el que anuncia, ahora sí, la finalización de la fase de conciliación del Censo, con lo cual se establece en 16.3 millones la cifra de habitantes de Guatemala.

La diferencia de 1.4 millones respecto de la cifra anunciada en septiembre es llamativa, sobre todo porque en aquel primer momento nunca se advirtió de que se trataba de un dato preliminar, sobre todo porque había pasado más de un año desde la medición efectuada. En todo caso, cabe atribuir a la prisa por exhibir resultados aquel informe inexacto que desató suspicacias, bromas y también críticas, puesto que un censo es la base fundamenta para toda evaluación de la situación macroeconómica, social y de las realidades del desarrollo.

También resulta interesante comparar las cifras finales del censo con las proyecciones que se tenían con base en la medición de 2002. Las estimaciones apuntaban a una cifra hipotética de 17.6 millones de habitantes, con lo cual la cantidad oficial anunciada es un millón 300 mil personas menor, lo cual se puede atribuir a la migración, sobre todo de guatemaltecos que se van indocumentados a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Así también es llamativo que el Registro Nacional de las Personas reportara a septiembre 20.2 millones de guatemaltecos registrados, aunque cabe recordar que este dato no diferencia a migrantes.

En todo caso el conjunto de datos debió ser oficializado por el INE de una manera más pública y visible, puesto que estas cifras son las que se utilizarán en adelante para todas las estimaciones demográficas y se hizo asumiendo una omisión censal del 9 por ciento, así como cálculos de reducción de la fecundidad en ciertas áreas del país. Para esto se contó con el apoyo de entidades internacionales que prestaron la asesoría para este cálculo de gran relevancia para la formulación de políticas públicas.

Entre los datos interesantes resalta que el 41.7 de la población se identifica como perteneciente a alguna de las 22 etnias mayas reconocidas en el país, entre las cuales 1.68 millones son de la etnia k’iché; en segundo lugar está la etnia k’eqchí, con 1.37 millones, y en tercero el pueblo kaqchiquel, con 1.06 millones. En contraste, las que menor numero de integrantes tienen son la itzá, con 2,926 personas, y la mopan, con 3,360, con lo cual es necesario hacer los estudios y emprender las acciones necesarias para evitar que desaparezcan, pues cada grupo lingüístico forma parte valiosa del mosaico intercultural del país.

Un dato que debe llamar a la reflexión es el que indica, en plena era digital, que prevalece un 18.5 por ciento de analfabetismo en todo el país. Al hacer la división por sexos, en las mujeres este porcentaje sube a un 21.7 por ciento, lo cual representa un amplio reto para las próximas autoridades y también para las entidades que trabajan en este campo. Solo una mejor instrucción en diversos niveles puede generar perspectivas de mejora laboral para los habitantes, aunque también en materia de salud, nutrición y resolución de conflictos. El nuevo retrato numérico del país refleja una población joven pero que necesita de más apoyo para desarrollar sus capacidades.