Los violentos enfrentamientos recientes entre manifestantes y fuerzas de seguridad de Chile, un país latinoamericano cuyos indicadores de productividad y desarrollo se encuentran entre los mejores del continente, ponen de relieve que el bienestar macroeconómico no siempre refleja las carencias de grupos sociales que se ven afectados por decisiones unilaterales de gobierno, que en este caso fue un aumento en el precio del transporte urbano. Nada justifica la violencia de ningún bando, pero cabe cuestionar si antes de tal medida se evaluaron otras alternativas, sobre todo si después de las dantescas escenas de incendios y represión se llama a una mesa de diálogo que pudo ser convocada antes.

Algo similar puede advertirse de las protestas que detonaron en ciudades de Ecuador entre el 2 y el 13 de octubre, debido a la eliminación de subsidios al combustible y a un paquete de medidas económicas dispuesto por el Ejecutivo, entre las cuales también había algunas que podían resultar beneficiosas, incluyendo aumento a subsidios para familias de escasos recursos y la supresión de 20 mil plazas de burócratas, pero que al estar incluidas dentro de un paquete polémico quedaron en medio del fuego.

En Panamá también hay un creciente movimiento de oposición a reformas constitucionales impulsadas por el recién ascendido presidente, Laurentino Cortizo, entre las cuales hay incentivos fiscales para las universidades privadas, lo que es visto con desconfianza por las públicas, pese a que, al parecer, se busca una mayor oportunidad de profesionalización en el país. Haití lleva seis semanas de agitación y manifestaciones que demandan la salida del gobernante Jovenel Moise, un exitoso empresario que ganó las elecciones de 2016 y asumió en febrero de 2017. Los reclamos provienen sobre todo de grupos de artistas y religiosos que acicatean a la multitud con mensajes populistas en un país que todavía no se recupera de las secuelas del terremoto de 2010, con inflación creciente, infraestructura débil y escasez de combustibles a causa de la falta de divisas.

México vive momentos de desencanto y sorpresa ante la reciente decisión del presidente, Manuel López Obrador, de liberar a un hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, capturado en un operativo que no tenía el suficiente apoyo logístico, lo que condujo a una feroz ofensiva criminal. Los cuestionamientos sobre la capacidad real del Estado contra el poder del cartel de Sinaloa desataron una verdadera tormenta en el sistema político mexicano. Otra borrasca tiene lugar en Honduras, a causa del veredicto de culpabilidad por narcotráfico, en EE. UU., del hermano del presidente Juan Orlando Hernández. En Bolivia, las elecciones a las que el mandatario Evo Morales se postuló a un cuarto mandato, pese a una prohibición legal vigente, se encuentran en un punto álgido, debido a que requerirá de una segunda vuelta.

Las democracias del continente se enfrentan a factores adversos, entre los cuales figuran el estancamiento económico, el desempleo, así como brechas educativas y sociales. Para más agravante, existen rivales políticos, sectores extremistas y grupos de interés que intentan capitalizar la situación sin que realmente les importe la población e incluso medran con la inestabilidad. Peor aún si los gobernantes en lugar de exhibir empatía se lanzan a viajes suntuosos, gastan en ostentaciones y echan a otros la culpa de sus incumplimientos, sin caer en la cuenta de que las naciones en conjunto deben refrendar valores fundacionales de libertad, equidad, ética, institucionalidad y estado de Derecho.