La ambición desmedida conduce a la codicia, la codicia desenfrenada desemboca en la soberbia y la soberbia abre las puertas de un infierno de actos de prepotencia, resentimiento, saña e indolencia ante el dolor de los demás, con un objetivo totalmente perverso: agenciarse de fondos mediante cualquier actividad delictiva. Tan delincuente es quien asalta como quien extorsiona bajo amenazas de muerte, o quien se adueña de recursos del erario bajo cualquier mecanismo: sobreprecios, plazas fantasma, desfalcos, estafas, malversación, comisiones ilícitas, sobornos o pagos inmerecidos.

Todos esos fondos que se arremolinan en la reposadera de la avidez se despilfarran en gastos suntuarios, se almacenan en verdaderas bodegas de billetes o incluso pueden llegar a entrar, pese a todos los controles existentes, al sistema bancario, dentro o fuera del país, mediante estrategias de fragmentación, depósitos aleatorios, uso de testaferros u ocultamiento bajo empresas falsas, todo lo cual ha sido expuesto sobradamente en juicios por corrupción que han contado con el testimonio de colaboradores eficaces que han desnudado complejos entramados de apariencia legal pero creados para desfalcar al Estado, es decir, atracar al pueblo de Guatemala.

En el caso de las estructuras de extorsión, mayoritariamente dirigidas desde las cárceles por pandilleros, pero también por imitadores, los recursos pagados suelen llegar a distancia, mediante depósitos a cuentas monetarias, de ahorro o incluso tarjetas de crédito efectuados a menudo por las propias víctimas, lo cual a veces hace difícil detectar los casos de exacción, según investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil.

Las bandas delictivas usan los fondos para gastos cotidianos, compra de bienes muebles o inmuebles, pero también para establecer pequeños negocios aparentemente lícitos que sirven de fachada al flujo de millones de quetzales. Son tan ingentes los montos que alcanzan incluso para sobornar a guardias penitenciarios, para que permitan el ingreso de celulares o equipos de comunicación a las cárceles, los cuales son constantemente decomisados, en un círculo vicioso que lleva más de dos décadas.

Es en este punto en donde la aparentemente simple e individual acción de corrupción de un empleado estatal se intersecta con la coacción de quitarle a alguien, bajo amenaza de muerte, directamente con un arma o mediante una llamada telefónica, el fruto de su esfuerzo. Pero es precisamente en el manejo sistémico de esos fondos, manchados con sangre, lágrimas, dolor y muerte, que se encuentra una de las grandes claves para cortar de tajo el incentivo perverso que ha disparado las cifras de extorsión. La inteligencia digital actual permite claramente detectar patrones del comportamiento de fondos, sobre todo aquellos que se depositan en ciertas cuentas y son retirados periódicamente desde sitios totalmente distintos, tan solo por mencionar un ejemplo. Para esto se deben crear nuevos protocolos de acción y afinar la actual ley de lavado.

La lucha para atajar los fondos extorsivos, pero también aquellos provenientes de cualquier actividad ilícita en general, debe ser integral, prioritaria y requiere los esfuerzos conjuntos de la Policía, del Ministerio Público y del Sistema Penitenciario, pero además encajar con leyes más rigurosas trabajadas por el Organismo Legislativo y puestas en marcha por jueces responsables.