La política es una ciencia, un arte y una disciplina que tiene como misión mejorar la convivencia de la comunidad a la cual sirve. El servicio a los pobladores es su misión y la probidad es el signo de que se desempeña con honor y prudencia. Desafortunadamente, el ejercicio de la política en Guatemala adolece de numerosos ejemplos de personajes que se centran en servirse dosis de impunidad, conveniencia y privilegios; la transparencia ha sido sacrificada en favor de aviesos fines que conducen al aprovechamiento inicuo de un poder delegado por el voto popular; la prudencia ha sido desvirtuada para dejar en su lugar una especie de doble vida: la cara pública, legalista y perennemente a la defensiva, en tanto la cara oculta es un oscuro entramado de pactos y ambiciones.

No todos los políticos son así, por lo cual no es justo generalizar, pero lamentablemente hay una mayoría cuyos actos los delatan. Sus propensiones y nexos quedan al descubierto según sus acciones u omisiones, votos ejercidos o negados. En época electoral, vuelven a pedir el apoyo de sus distritos, que no deberían perdonar ninguna pifia.

Es una vergüenza legislativa que ya pase de cuatro meses la espera por un nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), un ente vital en la lucha contra la corrupción, pero que desafortunadamente ha quedado a merced de la pugna de intereses, el ansia de poner tropiezos a los contrincantes y el obvio afán de buscar impunidad sobre el manejo de los recursos públicos.

El 13 de octubre debió asumir el sustituto de Carlos Mencos, quien, para más señas, baste decir que figura como candidato a diputado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza. Después de tortuoso proceso de postulación que incluyó pugnas gremiales y repetición de convocatorias, quedó integrada la nómina de seis aspirantes, desde el 8 de diciembre del 2018. Se esperaba que al comenzar el nuevo período de sesiones este tema fuera priorizado. No ha sido así. El oficialismo parece preferir a dos aspirantes, en tanto la UNE apoya a otro. Por semanas han dicho que buscan supuestos consensos, término de noble significado que las bancadas convierten en eufemismo para arreglos bajo la mesa, totalmente alejados de la finalidad de la institución.

En año electoral, la CGC y la emisión de finiquitos o señalamientos representa un botín estratégico de influencia, pero también una vez termine el período de gobierno, y con él la legislatura actual, que fue capaz de armar un pacto de impunidad pero incapaz de hacer avanzar leyes de amplio beneficio o efectuar designaciones como la del Contralor, que simplemente debería tomar en cuenta la trayectoria académica, experiencia y plan de trabajo.

Y si la designación de una sola persona sobrepasa la capacidad de las actuales bancadas, es sombrío el pronóstico sobre la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024. Los conflictos de interés entre magistrados actuales que buscan la reelección y grupos políticos son evidentes. La procuración de impunidad e intercambio de favores son pretensiones que siguen tan fuertes como en los tiempos en que los extintos partidos Patriota y Líder negociaron la actual Corte. Han transmutado de colores, mas no de intereses, en un triste espectáculo que constituye una vergüenza histórica y que se podría expresar parafraseando el célebre relato de Augusto Monterroso, guatemalteco ganador del Premio Príncipe de Asturias 2000: Cuando el ciudadano despertó, el contubernio seguía allí.