Con peligrosa celeridad y sin que se puedan olvidar aún las bochornosas escenas de tramos viales bloqueados por taxistas y mototaxistas, que incluso con sorna se pusieron a jugar futbol ante las kilométricas filas de vehículos varados por los bloqueos ilegales del lunes y martes pasados, la administración Giammattei Falla exhibe una postura blanda y negocia una posible eliminación del requisito de un seguro obligatorio para los vehículos de pasajeros, pese a la gran cantidad de accidentes que dejan muertos, heridos y graves secuelas físicas.

Ya desde el mismo lunes y martes, el Gobierno exhibía una postura timorata frente a una protesta injustificable, toda vez que se están anteponiendo intereses económicos a la seguridad y un eventual resarcimiento a las víctimas en caso de siniestros. Si se confirman las versiones actuales de supresión del requisito, se estará creando un pésimo precedente, no solo porque va en detrimento de los usuarios, sino porque además se hizo bajo una presión ejercida ilegalmente, que dejó pérdidas millonarias a la economía y a la población trabajadora.

Llama la atención la oficiosidad con la cual se designó a delegados gubernamentales para negociar con representantes de los conductores de taxis y tricimotos, muchos de los cuales ni siquiera están registrados como tales, no reportan ingresos al fisco, se desplazan con temeridad por la vía pública y con frecuencia irrespetan las normativas de bioseguridad, al transportar vehículos llenos a su máxima capacidad con tarifas que nadie controla. Además, pesa la sospecha de la verdadera pertenencia de algunas unidades que no necesariamente llenan los requisitos de seguridad y mantenimiento mecánico.

Lo peor de todo es que, de transigir de forma tan burda, el Gobierno está echando por tierra los esfuerzos por exigir otros requisitos de seguridad al transporte en general y hace cada vez más probable que sobrevengan presiones de otros grupos para suprimir los dispositivos controladores de velocidad, cuya vigencia también se ha retrasado a causa de la misma tibieza e incapacidad de sucesivas autoridades.

Es una vergüenza que la misma Policía Nacional Civil haya excusado a los secuestradores de una agente, a quien retuvieron por varias horas, en Suchitepéquez, bajo amenaza de vulnerar su integridad física, como chantaje para exigir que quedara sin efecto el decomiso de vehículos que estaban atravesados en la carretera: otro pésimo antecedente que vulnera el principio de autoridad, debilita la institucionalidad del Estado y deja en total indefensión a los ciudadanos. Es obvio que tales tácticas tienen cierto influjo delictivo y una descarada expectativa de impunidad que desafía al mismo presidente.

Hasta 48 horas duraron los bloqueos que impactaron en familias, en pacientes y madres parturientas, comerciantes y transportistas agremiados que incluso cuentan ya con un seguro pero que también tuvieron que padecer la arbitrariedad de otros. La inacción policial contrasta con acciones represivas como la del 21 de noviembre de 2020, en contra de manifestantes pacíficos en la Plaza de la Constitución, totalmente ajenos a los disturbios protagonizados por encapuchados en el Congreso. Tal paradoja, sin embargo, se queda corta ante la transigencia oficiosa del Gobierno, sin deducción de cuentas ni de daños y mucho menos la exigencia de prestar un servicio integralmente seguro.