Cuando los gobiernos pierden la visión ontológica y ética, cuando los partidos políticos se quedan sin brújula moral y cuando las plazas en el Estado dejan de ser una oportunidad de servicio para pasar a convertirse en fuentes de beneficio ocurre precisamente lo que aqueja desde hace décadas a numerosas dependencias del Gobierno de Guatemala: crece el gasto en contrataciones burocráticas sin evaluar méritos, capacidades o atribuciones.

Un claro ejemplo de este crecimiento improductivo está en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una entidad creada por ley en el 2005 que tenía como objetivo coordinar esfuerzos de varios ministerios y entes estatales para combatir, reducir y erradicar la desnutrición aguda y crónica, una labor que a todas luces constituye un fracaso, sobre todo porque la Sesán se ha limitado sobre todo a monitorear índices y cotejar reportes. Q50 millones era hasta agosto el presupuesto vigente de la Sesán, una cifra que mayoritariamente cubre gastos de funcionamiento: personal, vehículos, viáticos, alquileres. Es decir, que los recursos no se gastan en suplementos alimenticios, vitaminas o médicos, puesto que son otras dependencias del Estado las que deben prestar la atención a niños necesitados.

Pero este no es el único caso de desperdicio de recursos aportados por los ciudadanos ni existen garantías para que este dispendio se reduzca o incluso se revierta: el Presupuesto de Gastos para el 2020 aumenta en más de 20% respecto del presupuesto del 2019 el rubro de salarios, en buena parte empujado por incrementos otorgados por el actual gobierno mediante pactos colectivos convenencieros que no garantizan una mejora en el desempeño.

El término ineptocracia, referido en un reciente análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, abarca precisamente ese sistema de favores oscuros, contrataciones clientelares y prolongación de puestos innecesarios que mina las finanzas nacionales y, peor aún, condena a la ciudadanía a recibir servicios deficientes en todos los ámbitos del Estado. No es fácil acabar con tal monstruo que se ha cebado con miles de millones de quetzales gracias a leyes ambiguas y funcionarios venales. Tal esfuerzo entrañará sin duda batallas legales y resistencias inéditas que han amilanado iniciativas previas.

El primer paso es el cambio total de la Ley de Servicio Civil, pues la actual data de hace 50 años, por lo cual se encuentra totalmente desfasada de la realidad. En este cometido es necesario el concurso de las fuerzas representadas en el próximo Congreso de la República, a fin de generar una nueva norma, moderna, eficiente y actualizada que abra espacios a los mejores ciudadanos, a los mejores técnicos y profesionales, que instaure incentivos, pero también sanciones, y que despolitice el aparato público, para dar paso a la meritocracia.

De emprender este cometido, el gobierno entrante contaría con el aval de los ciudadanos hastiados de los dobles discursos e incumplidas promesas del gobierno feneciente, además de la demostrada disfuncionalidad de la ineptocracia acentuada hace dos décadas y acicateada por supuestos líderes que solo se aprovechan del sindicalismo para tener jugosas cuotas de presión. La nueva Guatemala tiene que resurgir no como un discurso lírico, sino como una estrategia fundamentada en valores tangibles, necesidades impostergables y metas concretas de desarrollo humano.