Las acciones unilaterales rusas en contra de Ucrania no tienen sustento ético ni legal, violan convenciones internacionales y colocan al mundo en una situación de riesgo económico, ambiental y político cuyo más cercano antecedente es la crisis de los misiles de 1962, ante la cual todo el mundo contuvo el aliento. El apoyo a los territorios separatistas ucranianos es una acción que complica un cuadro que se venía incubando desde noviembre. Si el maquiavélico criterio de Vladimir Putin se aplicara en su mismo país, entonces tendría que acceder a la independencia de territorios como Chechenia, lo cual no ha permitido por sus propias razones de seguridad nacional: las mismas que aduce Ucrania.

La tibia o en todo caso dividida reacción europea contribuyó a que el líder ruso se envalentonara y fuera subiendo de tono el discurso. A la vez, es innegable que los acercamientos ucranianos hacia la Otán despertaron las suspicacias de Putin, quien optó por pasar a una velada ofensiva de maniobras y exhibiciones de fuerza.

Para la gran mayoría de ciudadanos, la geopolítica no tiene mayor interés e incluso puede parecer un problema ajeno, distante, hasta que los efectos comienzan a aparecer. El más obvio es el coste del petróleo y los combustibles. Pese a que todavía no hay un enfrentamiento directo y se mantienen las esperanzas de que se retomen las negociaciones entre países, potencias y bloques, los precios de las gasolinas ya comienzan a mostrar aumentos de centésimas y décimas, con mayor énfasis en los puntos distantes, donde usualmente son superiores a la media de las zonas urbanas. Así también, se prevén impactos en importaciones desde Rusia y Ucrania, relacionadas con metalurgia, fertilizantes y otros productos industriales.

En esta previsión tiene relevancia la condena contra las acciones rusas emitida por el gobierno de Guatemala, que se suma a las sanciones declaradas por Estados Unidos y otros países. Si bien existe la posibilidad de obtener otros proveedores para los productos de importación mencionados, ello implica tiempo en búsqueda y negociación, así como otros costos de oportunidad y logística. Cabe suponer que dicha censura gubernamental se emitió para buscar congraciarse por adelantado con la potencia norteamericana e intentar lograr una merma en presiones relacionadas con otros temas.

En todo caso, el Ejecutivo y el Congreso están obligados a evaluar medidas emergentes para enfrentar un eventual incremento de costos en derivados del petróleo, incluyendo no solo combustibles automotrices, sino también el propano, cuyo subsidio de tres meses está por fenecer. Es necesario anticiparse a trazar un escenario adverso en el cual no solo se supongan costos, como lo hizo el Ministerio de Energía y Minas, sino también que se produzcan acciones concretas para aminorar el impacto en la ciudadanía, sobre todo en la de escasos recursos. El mismo gasto de combustible dentro del Estado debería ser prioridad, en una eventual ola alcista, a los transportes vinculados con seguridad pública, salud y prestación de servicios vitales. El pago de combustible a funcionarios y diputados en tareas no esenciales debería ser racionado, como una medida de contención de gasto, que al final de cuentas recae sobre los contribuyentes.

Los esfuerzos por encontrar una solución civilizada, pacífica y negociada deben proseguir. Una escalada bélica no le conviene a nadie, ni siquiera al mismo Putin, que pasaría a la historia como el detonador de una guerra de incalculables consecuencias.