A 22 días de la cita electoral que definirá la presidencia del país de 2020 a 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunió a los integrantes de juntas electorales municipales y departamentales para recalcarles la importancia de su misión cívica, en un acto que reviste especial simbolismo, dado que, en efecto, sobre estos ciudadanos y todos aquellos integrantes de 20,990 juntas receptoras de votos descansa el desarrollo del proceso.

El TSE emitió un comunicado en el cual se reafirma el compromiso institucional para garantizar los resultados y señala la intención de brindar “eficiencia técnica” a través de los “aprendizajes” desarrollados en la primera vuelta, en una forma eufemística de referirse a las deficiencias informáticas en la transmisión de datos preliminares que condujeron a inexactitudes que, si bien nunca podían ser calificadas como fraude, dieron pie a los ataques de grupos y partidos derrotados que comenzaron a reclamar irresponsablemente una injustificada repetición de los comicios. El escrutinio desarrollado por las juntas municipales y departamentales, así como el cotejo de actas condujo a la adjudicación de cargos, de los cuales una solo minoría todavía están bajo reclamo, pero en todo caso perdieron fuerza los infundios en contra de las autoridades electorales.

Precisamente por esa necesidad de lograr una certeza incuestionable en el evento eleccionario y las posteriores fases de contabilización, registro y reporte de resultados el TSE debió ser más específico respecto de los cambios y las correcciones a implementar en la segunda vuelta. Si bien se cambió al gerente de informática, debido a la evidente falta de idoneidad del anterior, todavía no se aclara si se utilizará otro programa para generar el recuento digital libre de los errores causados por el utilizado el 16 de junio.

No basta con reafirmar buenas intenciones y grandes esperanzas, puesto que la credibilidad de la institución se encuentra en juego debido a los recientes errores e inconsistencias. Ciertamente quedan menos de tres semanas para la elección, pero aún es tiempo suficiente para la revisión de procesos, para contratar una auditoría informática externa y para coordinar el apoyo de los entes de observación, todo lo cual debe ser detallado en un manifiesto institucional.

Así también se atisban fallas en el área de comunicación social de la institución, debido a que, frente a los señalamientos de la primera vuelta, no hubo reacciones oportunas y contundentes a través de medios periodísticos, pero también de redes sociales, a fin de salirle al paso a rumores e incluso campañas de desinformación promovidas por grupúsculos interesados, pero que la misma lentitud del Tribunal dejó pulular innecesariamente.

El propio Tribunal debe curarse en salud y mostrar atención desde ya a toda denuncia de posibles focos de complicaciones, para poder solventarlos o bien descartarlos como simple intento de querer demeritar la transparencia del proceso. Así también tiene que advertir a los actores políticos en contienda de que se abstengan de lanzar afirmaciones ambiguas que busquen plantar semillas de desconfianza en el proceso, una táctica que podría ser utilizada como una falsa póliza de seguro para reclamar ilegitimidad de los resultados si estos no les favorecen. En todo caso, son los líderes políticos quienes deben dar el ejemplo de evitar este tipo de argucias y concentrarse en ganar la voluntad de los votantes, pero sobre todo en respetarla en el momento determinado, pero esto requiere de un TSE que sepa reconocer las fallas pero sobre todo que explique en detalle la metodología para subsanarlas.