El cierre de la campaña electoral y el desarrollo de los comicios, con todo y sus condiciones únicas, validez del voto nulo, salidas de candidatos o restricciones para la publicidad, dará paso muy probablemente a la definición de dos nombres que competirían en segunda vuelta, así como la formación de un nuevo Congreso, que tendrá como principal tarea revertir el desprestigio, manejar una agenda de discusiones de altura y lograr consensos centrados en el bien común.

No obstante, después de la fiesta cívica viene un episodio legalmente establecido, de trascendental importancia para el estado de Derecho, pero que estará en manos de los actuales diputados, incluyendo a los que portan la marca del transfuguismo, de la aprobación de una reforma electoral a medias o del Pacto de Impunidad avalado el 14 de septiembre del 2017.

La otra elección crítica después de los comicios es la de magistrados de una nueva Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, para el período 2019-2024, a través del proceso de comisiones de postulación que generan listados de aspirantes, entre los cuales las bancadas deberían seleccionar y avalar a aquellos con la mayor honorabilidad, los grados académicos más pertinentes y una carrera judicial impecable. El uso de la conjugación condicional “deberían” tiene su razón de ser, puesto que tales designaciones han estado ensombrecidos por el tráfico de influencias, el intercambio de favores y las negociaciones convenencieras que buscan contar con allegados en estas altas instancias. La mejor prueba de este juego indigno fue la elección desarrollada en el 2014, en contubernio entre los hoy extintos partidos Patriota y Líder, que si bien fueron suprimidos por violaciones electorales, legaron vínculos e influencias, a través de tránsfugas, sobre los cuales queda a los ciudadanos decidir el 16 de junio.

No obstante, sean o no reelectos, como un gesto de decencia y respeto al ciudadano, todas las bancadas necesitan transparentar las acciones relativas a esta importante elección. Por una imperiosa necesidad histórica, es necesario que los congresistas dejen al menos una sola huella positiva en su actuar, puesto que de esa nueva CSJ dependerá la continuidad de los avances conseguidos hasta el momento en la lucha contra la corrupción y las mafias enquistadas en el Estado.

El nuevo Congreso tampoco la tendrá fácil, pero sí podrá desarrollar una mayor asertividad en la definición de prioridades legislativas que el actual no tuvo el valor de enfrentar. La primera será la continuación de las reformas del sector justicia, a fin de despolitizar sus procesos de selección y nombramiento de jueces o magistrados; la segunda, elaborar una nueva y visionaria Ley de Servicio Civil que erradique el clientelismo, las plazas fantasma y el nepotismo. En tercer lugar, pero no menos importante, retomar los cambios referentes a la prisión preventiva, que reclaman a su vez acciones de los tres poderes.

Es obvio que no se espera que una nueva CSJ integrada por profesionales idóneos, éticos y libres de vínculos oscuros constituya una panacea, pero será la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en la aplicación de las leyes en favor de un país más equitativo, más transparente y más apegado a una cultura de responsabilidades y consecuencias, en lugar de un amasijo de patrocinios y encubrimientos que solo terminan por causar un mayor daño a la democracia.