Quizá por efecto de la reactivación económica, por el retorno de la atención pública a asuntos distintos al covid-19 o como simple inercia de lastres nacionales largamente relegados, surgen en el escenario nacional viejos problemas cuya persistencia prácticamente ya no sorprendía a nadie. Sin embargo, en el contexto de un país que precisa fortalecerse institucionalmente, de un Estado que necesita conseguir fondos para funcionar y de un gobierno que intenta relanzar su estrategia política y administrativa cortada hace cinco meses, reconocer tales nudos gordianos y cortarlos de tajo constituye una obligación ética y estratégica.

El primero de tales asuntos pendientes de resolución, que no depende del Poder Ejecutivo, es la agilización de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, un proceso que se encuentra a siete semanas de cumplir el año de atraso y más de 12 semanas entrampado en un Congreso empantanado por intereses sectarios, sumido en un marasmo de politiquería e inexperiencia, así como por la falta de un liderazgo proactivo en toda su actual directiva. No depende del Ejecutivo, pero al ser el presidente de la República el representante de la unidad nacional es el llamado a insistir en la exhortativa a concretar la elección, lanzada el lunes último en entrevista con Guatevisión.

Otro defecto de arrastre en la administración gubernamental es la desorganización, fallos, arbitrariedades y múltiples opacidades reportadas en los puertos nacionales, en donde varios grupos se disputan el oscuro poder de la discrecionalidad, que permite el paso de determinados contenedores y cargamentos sin pasar por inspecciones, sin pagar los respectivos aranceles o incluso sin ser detectados, debido a que muy probablemente se trata de ilícitos que pueden ser desde drogas hasta armas. Una situación similar ocurre en ciertas áreas de carga y descarga en hangares de Aeronáutica Civil, a donde tienen vedado el acceso representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, como si se tratara de microestados aparte, gobernados por personas o grupos que hacen gala de ínfulas de influencias e impunidad. El Ejecutivo tiene la potestad de entrar a corregir de emergencia, con todo el amparo de la ley, estas irregularidades, pero a la vez debe sentar las bases de un nuevo orden normativo.

El tercer gran desafío se encuentra literalmente en territorio administrado por el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Gobernación: se trata del sistema penitenciario, cuyos fallos en organización, infraestructura y logística se han acumulado hasta el punto de albergar a decenas de reos que supuestamente cumplen condena de privación de libertad pero que desde estos mismos centros continúan coordinando redes de extorsión, ya sea por teléfono, internet, mensajes escritos o incluso visitantes.

Recién ayer se efectuó la movilización de 42 convictos por asesinatos y extorsiones que a su vez continúan cometiendo exacciones, con la complicación adicional de reubicarlos en prisiones en donde no haya integrantes de pandillas rivales para evitar enfrentamientos y motines. La creación de un verdadero centro penitenciario de máxima seguridad y la institucionalización del bloqueo a toda posibilidad de comunicación por teléfono celular debería marcar la reinvención de este combate, que de otra manera solo será una pausa para que los delincuentes se reorganicen.