Abundantes, elocuentes, fundamentadas y —algo que llama mucho la atención— provenientes de diversos sectores no siempre afines han sido los pronunciamientos públicos acerca del grave daño al sistema judicial guatemalteco que representa la apresurada, parcial y maliciosa manipulación del Código Procesal Penal concretada el martes 12 de noviembre, en el Congreso de la República. Todos coinciden en la necesidad de que la presidencia vete dicho decreto, pero si esto no ocurriera, por algún tipo de interés o connivencia, existe la oportunidad de plantear diversos recursos para conjurar la arbitrariedad.

Los cambios efectuados en nombre de una agilización de procesos y descongestionamiento del aparato judicial devinieron en un oficioso arreglo legalista con clara dedicatoria a sindicados de delitos relacionados con actos de corrupción o financiamiento electoral ilícito, con el agravante de haber sido aprobados sin criterios técnicos y totalmente alejados de la doctrina procesal, lo cual abre la puerta de beneficios a quienes admitan delitos como extorsión, estafa, robo y lavado de activos.

Algunas justificaciones esgrimidas por el presidente del Congreso o el vicepresidente de la República para defender la cuestionada iniciativa son irrisorias o, en todo caso, sarcásticas. Ellos han figurado, entre otros, como fuertes detractores de las acciones de la hoy extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a la cual señalaron, entre otras cosas, de injerencia y presiones en asuntos legales del país. Ante el repudio a la reforma de impunidad, ambos coincidieron en argüir que se trataba de recomendaciones de la mencionada comisión internacional y del Ministerio Público para la aceptación de cargos.

Lo que no mencionaron es que tal iniciativa se abordó después de un prolongado retraso y cuando ya restan menos de dos meses en el cargo para más de un centenar de diputados, entre los cuales una treintena tiene procesos de antejuicio y se quedará sin inmunidad. Pero, sobre todo , no hablaron de la eliminación de artículos esenciales de la propuesta original, como los que obligan a quien admita un delito a colaborar de forma eficaz con las autoridades de justicia, proveyendo información sobre sus cómplices, modo de operar y datos que contribuyan a desbaratar redes delictivas, para poder hacerse acreedores de los beneficios contemplados.

En medio de esta discusión y de la posibilidad de que los diputados oficialistas vuelvan a trastocar la ley, en contubernio con supuestos opositores, la fiscal general, Consuelo Porras, declaró que los cambios introducidos por diputados al Código Procesal Penal distan mucho de la propuesta integral que hiciera el sector justicia y que, de hecho, fueron desnaturalizados, por lo cual prevé que los impugnarán en el momento en que sean publicados.

Proviniendo de la titular del único ente encargado legítimamente de cualquier persecución penal, no solo se trata de un enunciado relevante, sino de un oportuno compromiso de defensa del estado de Derecho. En la misma vía se puede esperar que las acciones del MP no solo se limiten a una censura legal, sino a una investigación profunda de las dudas legales sobre la sesión del 12 de noviembre, puesto que no todos los representantes tuvieron acceso al borrador de la iniciativa, la lectura formal de los artículos fue confusa y la supresión de varios aspectos puede entrañar dolo, por lo cual se hará necesario pasar de la actitud vigilante a las acciones que sienten precedentes.