Terrenos fangosos, en los bordes de su propia naturaleza y función, camina la Corte de Constitucionalidad, al saltarse incluso la autoridad del presidente de la República para ordenar directamente al recién asumido ministro de Gobernación que en un lapso de seis horas a partir de la notificación ejecute por cualquier medio el desalojo de los manifestantes que exigen la renuncia de la fiscal general frente a la sede central del Ministerio Público. La conminatoria no solo tenía plazo perentorio (vencía a las 9 de la noche, aproximadamente), sino que amenazaba al funcionario o a cualquier sucesor con sanciones legales si no se despejaba el acceso a dicho inmueble. De hecho ordena al Ministerio Público investigar al exministro Napoleón Barrientos, por no haber usado la fuerza para abrir el paso al edificio.

Mientras tanto, el presidente Alejandro Giammattei, ni visto ni oído, a pesar de que, por designio constitucional, es quien “ejerce el mando de toda la fuerza pública” (Artículo 183, inciso E) y, por ende, es a él a quien la CC debería dirigir la resolución, con todo y su costo político. El improductivo diálogo del viernes último, en el cual únicamente ofreció excusas ambiguas, solo fue un lavamanos y también una dilación. La dimisión del ministro Barrientos fue aceptada con celeridad, en lugar de respaldar su postura de mantener el diálogo. Nombró a un nuevo titular, que ahora s también e encuentra solo, con la brasa en las manos.

Los representantes de los grupos populares y de los indígenas declararon que los accesos al edificio de Gerona están libres y que solo están ejerciendo su derecho de manifestación. Así también aclararon que no están allí para confrontar ni para agredir a la autoridad. En la Procuraduría de Derechos Humanos hubo ayer una conversación entre líderes de la protesta y funcionarios de Gobernación.

Resulta interesante cómo la cronométrica CC ordena con vehemencia la remoción de los manifestantes frente al edificio del MP, pero deja en segundo plano los bloqueos viales, que afectan a mayor cantidad de ciudadanos y la productividad del país, que se ha visto en apuros por el atraso en el transporte de mercancías, combustibles y bienes de exportación.

Ahora bien, si la CC tiene tal capacidad de presión y de asumir un perfil “ejecutivo” de sus propios fallos, cabe cuestionar ¿por qué no ha actuado así sobre el Congreso de la República, que en los últimos tres años y 10 meses ha incumplido repetidamente con la orden de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones? ¿Por qué no ha hecho un solo llamado a los presidentes Allan Rodríguez y la actual, Shirley Rivera, a que desalojen este bloqueo institucional que mantiene en el poder a un Organismo Judicial electo por los defenestrados partidos Líder y PP? Una orden con plazo perentorio que ponga fin a cuatro años y pico de excedencia.

El pronunciamiento del presidente electo, Bernardo Arévalo, vuelve a ser tardío, aunque tiene de positivo que llama a priorizar el diálogo, no solo entre fuerzas de seguridad y manifestantes, sino entre todos los sectores sociales, y asegura que él convocará para abrir vías de salida a esta crisis institucional detonada por la agresión del MP al proceso electoral y contra las autoridades electorales bajo falsas denuncias de “fraude”, cuya improcedencia se ha demostrado a través de cuatro auditorías metodológicamente independientes. Ciertamente, los bloqueos en carreteras debieron terminar hace días, como muestra de buena voluntad, pero también debe finalizar el asedio del MP a la soberanía del resultado electoral, un pronunciamiento que la CC también tiene pendiente.