Para hoy está programada la toma de posesión de solo tres titulares y cuatro suplentes de la Corte de Constitucionalidad, una situación inusitada que se debe subsanar a la brevedad posible por parte de los entes nominadores, a fin de evitar más limbos para la institucionalidad de la justicia, sobre todo tratándose del máximo tribunal del país. Se excluyó al titular electo por el Colegio de Abogados y Notarios, así como a la titular designada por la Usac.

En el caso de los magistrados Néster Vásquez, titular, y Claudia Paniagua, suplente, designados por el Cang, los llamados a resolver las impugnaciones a su elección son los integrantes de la Asamblea de Colegios Profesionales, que deben hacer honor a este último apelativo, comportarse a la altura ética y legal que exigen estos tiempos y definir si avalan lo actuado por el Cang o si es necesaria una nueva votación del gremio para definir a sus magistrados. Es urgente que convoquen a una sesión para dirimir este nudo gordiano.

En el caso de la magistrada Gloria Porras, los amparos provisionales otorgados por una sala judicial obedecen a objeciones planteadas y no resueltas contra la elección efectuada por el Consejo Superior Universitario. Tales impugnaciones deben ser evacuadas en un tiempo prudencial; así también la sala que otorgó el amparo debe proceder con celeridad y apego a Derecho. En ambos casos, el proceso retornará nuevamente al Congreso, que deberá cumplir sin dilaciones con el trámite correspondiente.

No obstante, es innegable que el Congreso sigue sumando atrasos en la designación de magistraturas de justicia. A la grave deuda, largamente relegada, de elegir titulares de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones se sumó ayer la juramentación parcial de la nueva CC, leída y esgrimida como causal de impedimento por parte del presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, quien obvió reticencias similares en casos anteriores, como el del prófugo exjuez Mynor Moto.
En el máximo tribunal quedan, interinamente, dos magistrados en período extraordinario para suplir las ausencias, una solución de continuidad establecida en ley, pero que no debe convertirse en un parche permanente, como sucedió con la actual CSJ, que ayer cumplió un año medio de haber sobrepasado su período constitucional.

El relevo legal en la CC debe completarse con la agilización de los procesos institucionales, como una cuestión de responsabilidad y prioridad nacional, sobre todo si se toma en cuenta que el máximo tribunal de la República fue establecido en la Constitución de 1986, para salvaguardar las garantías ciudadanas, conocer recursos de inconstitucionalidad en contra de leyes o disposiciones sospechosas de violentar la Carta Magna. Asimismo, debe conocer como tribunal extraordinario de amparo acciones en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo.

La misión de la CC es proteger el sistema democrático y su acción ha sido decisiva en difíciles capítulos como el autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano, en 1993, el cual fue revertido por magistrados íntegros y valientes. Eso es precisamente lo que se espera de quienes toman posesión y de quienes completarán esta entidad: que no respondan a intereses sectarios, políticos o particulares, ni siquiera a sus nominadores, puesto que al jurar fidelidad a la Constitución se comprometen con el bien común, con los más altos ideales y el pueblo de Guatemala.