El semáforo de alertas epidemiológicas que se utiliza en el país para regular las actividades en relación con los contagios de covid-19 en cada municipio es una herramienta que desde julio de 2020 ha servido para establecer límites a la población y a la vez orientarnos para poder transitar hacia la normalidad, a pesar de que aún no incluye el porcentaje de vacunación en la determinación del color, como lo establece la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada el el 2021.

Hasta ahí, en la teoría, todo bien. El problema surge con el escaso cumplimiento de los parámetros establecidos para distintas actividades, con protocolos de higiene, distanciamiento físico y aforos limitados, y la prácticamente nula supervisión que pueden efectuar el Ministerio de Salud y otras autoridades en las que se apoya para monitorear y sancionar a quienes incumplan con las disposiciones.

Como se documenta hoy en nuestras páginas, solo tres personas están destinadas a velar por el cumplimiento de las normas establecidas para contener los contagios, y salvo notables excepciones, encabezadas por buena parte de la iniciativa privada, pocos pobladores cumplen con las medidas que en la actual escalada de contagios podrían servir para evitar más enfermos y, a la larga, más fallecidos por la pandemia.

Para nada se insinúa que la solución sea simple y llanamente aumentar las ya voluminosas listas de empleados públicos, sino al contrario, se expone esa deficiencia con el ánimo de que las autoridades de turno hagan un verdadero esfuerzo para fortalecer la institucionalidad del Estado y servir así de mejor forma a la población.

Como lo han señalado varios sectores, en distintas circunstancias, un Estado que funciona muestra un trabajo eficiente y transparente de sus instituciones, cumpliendo con los objetivos para los que fueron creadas. Pero cuando estas dependencias son débiles, se da paso a la ingobernabilidad, el deficiente manejo de los recursos financieros, el acomodamiento y la corrupción.

En un momento en que los recursos no han faltado en las entidades estatales, la verdadera preocupación recae en la eficiencia, pertinencia y transparencia con que se utilizan, pues otros resultados se tendrían si tan solo se reasignara personal o fondos para una mejor supervisión del cumplimiento de las normas para contener la epidemia, sin afectar la movilidad y la economía nacional, y ahora más que nunca, cuando será este semáforo el que defina el momento del regreso de los estudiantes a las aulas.

El problema no es exclusivo de Salud, pues se extiende a otras dependencias. Por exponer un solo ejemplo, quizás muchas vidas se salvarían si existiera mayor eficiencia en la supervisión del transporte pesado y de pasajeros, que día a día se ven involucrados en mortales accidentes.

Y así se podrían identificar otros casos de instituciones que no logran ser eficientes, no logran aplicar las leyes que las rigen o que deben aplicar hacia la población, no miden el desempeño de los funcionarios, carecen de una planificación acorde a las prioridades definidas por los ciudadanos, el control y supervisión de las actividades de cada institución y, por ende, distan de brindar un servicio de calidad orientado a satisfacer las demandas ciudadanas hacia el Estado.