Después de una transición de casi cinco meses, caracterizada por la resistencia del gobierno saliente a compartir información de áreas torales, la expectativa sobre las acciones y emprendimientos del gobierno del doctor Alejandro Giammattei se mantiene aún positiva, sobre todo a causa de los despropósitos y decepciones causadas por sucesivas administraciones, que a su vez han generado la agudización de problemas elementales que nunca debieron ser soslayados, tal el caso de la desnutrición. En el primer mes en funciones, se han desarrollado cuatro estados de Prevención, de seis días cada uno, en áreas bien delimitadas, como una táctica de recuperación de control territorial que suscita cautas esperanzas.

El Ejecutivo desarrolla en estos días un gabinete móvil, como una herramienta de contacto directo con la población, la cual tiene sus propios costos económicos y de oportunidad, como ya ha ocurrido en anteriores gobiernos, puesto que la idea no es nueva. En estos días se proyecta sobre el área de Quetzaltenango un diálogo colectivo con las autoridades centrales, se prometen acciones para atender problemas torales y se ofrecen discursos que encajan bien en la etapa de arranque de una administración que aún evoca los días de propaganda.

No obstante, se debe tener cuidado con la cantidad y el alcance de reiteradas o nuevas ofertas que se lanzan, puesto que algunos de los anuncios comienzan a sonar repetitivos, no solo en relación con la etapa electoral del 2019, sino en referencia a las dinámicas de inicio de gobierno de los últimos tres lustros. Resulta oportuno el anuncio de un relevo total de los directores y subdirectores de cárceles, lo cual deberá ir acompañado de refuerzos de personal y reformas legales en el corto plazo.

No obstante, la ambigüedad en la que quedó la supresión de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) o el poco reflejo político para brindar una reacción asertiva ante los cambios mal ejecutados en el Congreso a la ley de oenegés tienen también importantes connotaciones para la ciudadanía, dados los gastos abusivos que este mismo gobierno denunció en esa dependencia y sopesando la distancia que se tomó respecto de las prácticas tradicionales de ciertos grupos políticos que ahora se encuentran reducidos a unos cuantos integrantes, ansiosos de urdir un nuevo pacto de conveniencia.

Se asume que el Gobierno aún se encuentra en una fase de ajuste y corrección. Es comprensible el afán por crear efectos inmediatos en la seguridad y en la productividad, pero este período de tolerancia ciudadana nunca se extiende indefinidamente si no hay un golpe de timón. El guatemalteco de a pie ya conoce la ruda pelea cotidiana con el transporte, con el tránsito, con la economía, con la delincuencia que afecta municipios y áreas que no han tenido estado de Prevención ni ansían tenerlo solo una semana, puesto que las soluciones sistémicas pasan por planes trascendentales que van mucho más allá de regalar internet inalámbrico en un parque.

Finalmente, cabe esperar que la estrategia general de obras, aportes y proyectos se desarrolle bajo criterios de pertinencia, prioridad e impacto en la calidad de vida de los territorios y no bajo la fallida miopía de dar más a los alcaldes afines al oficialismo. El modelo de renovación ofrecido por Vamos en sus días de campaña planteaba una visión incluyente, pragmática y eficiente de la inversión social que, de llegar a concretarse, puede marcar esa reinvención tan esperada del Estado.