Una vez más, el electorado guatemalteco disipará en las urnas la nebulosa que se cierne sobre los numerosos contendientes a la Presidencia, así como de las principales figuras que aseguran ser víctimas de la persecución o judicialización de la política, aunque existan pruebas documentales y testimoniales que ratifican el burdo negocio en el que se convirtió la política.

Una de las primeras incógnitas que se despejarán con estos comicios es quién ocupa la primera casilla, de abajo para arriba, en la disputada lucha por ocupar el último lugar, de acuerdo con la indiferencia del electorado y, en consecuencia, encabezar el pelotón de las agrupaciones que terminarán su trayectoria en este proceso.

Varios partidos enfrentan esa posibilidad, pues en estas elecciones no será posible “guardar la ficha” y esperar a una mejor oportunidad, por lo que aun con figuras desteñidas, oportunistas o buscando inmunidad, todos deben presentar candidatos y su principal reto es conseguir alrededor de 300 mil sufragios, el 5 por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones, para superar la muerte súbita, o tener la suerte de colocar en el Congreso a un diputado.

En el otro extremo el escenario tampoco luce cómodo para ninguna de las agrupaciones, pues las figuras más conocidas, Zury Ríos y Sandra Torres, corren el riesgo de quedar fuera de la contienda, con lo que le dejarían abierta la posibilidad a partidos con pocas posibilidades reales de conseguir incluso los votos necesarios para mantenerse con vida para un nuevo proceso eleccionario.

De las 27 agrupaciones que participarán, 11 deben superar desafíos legales, empezando por la Unidad Nacional de la Esperanza, para cuya principal dirigente la solicitud de retirarle la inmunidad resulta ser una persecución política que busca “arrebatarle por segunda vez las elecciones”, cuando su propia pobreza argumentativa evidencia que el tiempo ha pasado por gusto en las filas de dicha agrupación.

El partido Todos se suma a los recién denunciados en el Ministerio Público por financiamiento electoral ilícito, y aunque tampoco es percibido como uno de los favoritos por los electores, muchos de sus integrantes conforman evidentemente el núcleo duro del pacto de corruptos, lo que les ha dado un perverso margen de maniobra para interferir en otras instancias de poder.

A estos partidos se unen los que electoralmente se han colocado más bien por debajo de la media en la preferencia de los votantes, como es el caso de Fuerza, Partido de Avanzada Nacional, Unión del Cambio Nacional, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Compromiso, Renovación y Orden, Movimiento Winaq, Visión con Valores, Encuentro por Guatemala y Valor, todos salpicados de alguna manera por el financiamiento electoral ilícito.

Por donde se quiera ver, este será no solo un proceso atípico, sino probablemente el que abra la puerta a la depuración partidaria, pues tanto por parte de los más conocidos como de aquellos que se ubican en la cola de las preferencias electorales muchos podrían desaparecer a partir de esta contienda, como ha ocurrido tantas veces anteriores. De no ser así, también es impostergable una reforma a fondo del sistema de partidos políticos, que tampoco puede continuar bajo los mismos parámetros, especialmente porque la mayoría ha dado muestras de no tener escrúpulos.