Las manifestaciones que se han sucedido en meses recientes en varios países de Sudamérica tienen diferentes contextos, orígenes y catalizadores. En algunos casos son reacciones lógicas contra dictaduras disfrazadas de legalidad, en otros responden a coyunturas económicas apremiantes y en algunas más pueden entrañar algún tipo de agitación inducida, según han denunciado algunos gobiernos.

El uso de la fuerza en cada país ha ido desde cordones policiales hasta el condenable uso de armas de fuego en contra de personas indefensas. Las calificaciones hacia los Estados varía según la óptica desde la cual se juzgue. En el caso más reciente, el gobierno de Colombia expulsó a 59 venezolanos acusados de azuzar la alteración del orden público en una nación que los recibió como una segunda casa a causa de la debacle económica y social en que está sumida Venezuela bajo el régimen chavista, el cual ha reprimido las protestas opositoras de forma violenta. No obstante, ciertos grupos que critican el uso de la fuerza policial en Chile, Bolivia o Colombia suelen mostrar un extraño silencio con prácticas semejantes de Venezuela, pese a que en este país existen incluso grupos armados particulares que intimidan a los disidentes.

Tampoco se escucharon condenas a la intolerancia iconoclasta exhibida por supuestos manifestantes en Chile, quienes allanaron una iglesia y destruyeron imágenes religiosas, bajo un supuesto pretexto de derecho a manifestar su descontento. Sin embargo, tal vandalismo contradice su exigencia de respeto a las diferencias, que paradójicamente suele ser un reclamo reivindicativo. El caso de Nicaragua, en donde hay muertos y presos políticos, resulta interesante de visualizar, puesto que personas o entidades que tienen intereses económicos o posibilidades de impunidad en ese país prefieren ver a otra dirección y guardar silencio ante las constantes violaciones a derechos humanos y los ataques contra religiosos y universitarios que denuncian las arbitrariedades del gobierno de Daniel Ortega, el caudillo que se convirtió en un clon del dictador Anastasio Somoza, contra quien luchó hace 40 años.

Son varias las lecciones que se pueden extrapolar de todo este contexto de protestas y retos nacionales. La primera y más importante es que el respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia deben prevalecer en cualquier proceso nacional que implique mejoras al modelo vigente. La garantía de la libertad de expresión y el respeto a las diferencias se implican y constituyen la salvaguarda del diálogo. Las expresiones públicas de ciudadanos deben ser respetadas, pero a su vez deben enmarcarse en el respeto a los derechos de los demás, a la propiedad ajena y al marco legal. Cualquier acto de vandalismo, destrucción o violencia le resta legitimidad a la causa, puesto que imposibilita el diálogo: única vía para el consenso.

Los políticos que llegan al poder, bajo cualquier signo político, deben entender que están sujetos a la alternancia, a la críticas y al voto de castigo. No deben actuar como si vivieran en un mundo alterno perfecto, porque en todas las sociedades hay desafíos de educación, empleo, salud, seguridad, nutrición y productividad, que deben ser abordados con visión de Estado y no opacas lupas dogmáticas. Cuando los gobernantes pierden la empatía, es decir la capacidad de ponerse en el lugar de los ciudadanos, quedan a merced de roscas de aduladores. A las puertas de un nuevo período es vital aprender de los errores y los aciertos ajenos, a fin de no caer en provocaciones pero tampoco encerrarse en soliloquios histriónicos.