Cuando una legislatura tan improductiva como la actual, que ha relegado la discusión de importantes normas tales como la Ley de Servicio Civil, la de Contrataciones o la de Infraestructura Vial, decide incluir una iniciativa tan sospechosa e innecesaria como la 6076, es porque busca afianzarse en su contumacia pero teme el reclamo ciudadano. Dicho adefesio leguleyo es totalmente innecesario porque plantea reglamentar lo que ya está contemplado en otras normativas, y es perverso porque a todas luces busca imponer la violencia represiva como una obligación de la Policía Nacional Civil. Es un peligroso intento por conducir al país al desfiladero despótico por el cual rueda Nicaragua.

Esta propuesta represiva surgió de los diputados Carlos Napoleón Rojas, Karla Andrea Martínez, Julio Francisco Lainfiesta, José Arnulfo García, Maynor Estuardo Castillo y Byron Wilfredo Arreaga, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), un partido político que a estas alturas de la historia ya debería estar cancelado legalmente, debido a sus delitos electorales y sus nexos con narcofinanciamiento, más claramente expuestos por su propio fundador, Mario Estrada, preso en EE. UU., confeso por narcotráfico. Un amparo judicial sigue frenando su desaparición, aunque esta debería proceder, toda vez que en materia eleccionaria el Tribunal Supremo Electoral tiene preeminencia.

El diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación, de la bancada Todos e integrante de la lista Engel de actores corruptos designados por el gobierno de EE. UU., se ha convertido en apasionado defensor de la represión violenta bajo pretextos hipotéticos y exagerados.

Está por verse la postura que adoptarán otras bancadas que le han servido de resbaladero a la dupla de Vamos y UCN en sus ansias de poder abrasivo. Los partidos allegados deben tomar en cuenta que la campaña electoral está prácticamente desatada y con ello hay promoción de personajes, de símbolos y veladas promesas —ante las narices del TSE—, pero también enfoca la atención ciudadana en cada acción que tomen en el hemiciclo los supuestos opositores, tal como intentan venderse desde ya.

Es necesario recordar la vergonzosa agresión policial del 22 de noviembre de 2020, cuando fuerzas especiales arremetieron contra un grupo de ciudadanos que se manifestaban en la Plaza de la Constitución, tras su sospechosa inacción ante las tropelías de un pequeño grupo que incendió dos oficinas del Congreso. Si actuaron con tal brutalidad y todavía no hay deducción alguna de responsabilidades, por cortesía del MP, la ley de la represión violenta acicatearía más abusos.

Al nombre de la vieja Policía Nacional se le añadió el emblemático adjetivo de Civil para la creación de la entidad que le sucedió, precisamente para que nunca más regresara la militarización de la seguridad. Lamentablemente, en el período de Giammattei Falla, hasta ahora, en lugar de mejorar la preparación de los agentes se redujo a un semestre, con el argumento de aumentar la cantidad. Ojalá la estrategia de transformación policial presentada recientemente tome el rumbo correcto.

Dado el origen unipartidario de la iniciativa 6076, es obvio que carece de consenso y el dictamen de la comisión presidida por España solo fue un trámite dudoso, vacío e irreflexivo. Pasarla tan solo en una primera lectura representaría una traición a las mismas garantías que los llevaron al Congreso para velar por los derechos de la ciudadanía y no de agendas oscuras que más parecen calcadas del sandinismo criminal.