Hay quienes quieren claridad sobre el compromiso concreto que deja la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala, con la finalidad de frenar el éxodo migrante y acrecentar los combates de la trata de personas y la corrupción. En efecto, se anunciaron algunas iniciativas que según el lente con que se vean podrán parecer mucho o nada. Hubo manifestaciones a favor y en contra de la visitante, una evidencia estentórea de que el más importante aporte no lo tiene que dar Estados Unidos, sino la propia Guatemala, en busca de su recuperación económica, social, educativa y también institucional, porque al final de cuentas la migración solo se detendrá con desarrollo, prosperidad e inversión.

La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo (Usaid) aportará US$40 millones a lo largo de tres años para una iniciativa de empoderamiento de mujeres jóvenes que busca crear oportunidades en comunidades donde priva la disparidad social; sin embargo, el Estado de Guatemala necesita ampliar y sostener los programas de nutrición maternoinfantil, rescatar la cobertura escolar para las madres del futuro y mejorar la atención médica en zonas rurales.

Así también, Estados Unidos otorgará US$7.5 millones para apoyar el espíritu emprendedor y la innovación entre jóvenes, además de US$22.5 millones distribuidos por medio de iniciativas privadas u organizaciones no gubernamentales para estimular el desarrollo de nuevas soluciones a demandas del mercado referentes a energía renovable, cambio climático, telemedicina, salud preventiva, agua, agricultura y educación, pero con todo sigue siendo papel del Estado la asistencia técnica a las comunidades, la implementación de tecnología sostenible y la creación de planes funcionales para la reducción de desastres.

Se plantea también un préstamo de US$19.5 millones para contribuir a la construcción de al menos mil 800 viviendas y obras de infraestructura en tres departamentos que registran altos niveles de migración hacia EE. UU. Sin embargo, es tarea del Gobierno garantizar la seguridad civil, el resguardo de la vida y la propiedad, así como el combate de los grupos de extorsionistas, narcotraficantes y bandas de asaltantes que deterioran los entornos.

Habrá también US$15 millones dirigidos a facilitar préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo las establecidas en el altiplano, para posibilitar un mayor crecimiento de la actividad comercial, artesanal y manufacturera, pero a la vez el Gobierno debe trazar un plan serio para la recuperación del turismo, una estrategia para abrir nuevos mercados de exportación y plantear incentivos fiscales que conduzcan a la regularización de negocios y la generación de empleos locales con pertinencia cultural.

Respecto de la cooperación con talento humano para fuerzas de tarea en contra de la corrupción y la trata de personas para apoyar las investigaciones, quizá el primer aporte del Gobierno es dejar de lado la negación y empezar a buscar, identificar y depurar elementos sospechosos de manejos discrecionales, clientelares, adjudicaciones de contratos onerosos, tráficos de influencias y conflictos de interés. La falta de insumos en el Hospital General San Juan de Dios, el contrato de brazaletes electrónicos al oferente más caro, la nunca aclarada partida de Q135 millones de Caminos o las cuentas del Ministerio de Desarrollo son algunas hebras que vale la pena explorar, y eso no es tarea de Estados Unidos, sino de la Fiscalía de Guatemala, del sistema de justicia y de una ciudadanía unificada en torno a la meta de que nadie más tenga que migrar a causa de la precariedad.