Una de las más frecuentes muestras de impunidad en el país ocurre a diario en centros urbanos y carreteras de todo el país: las leyes de tránsito son objeto de transgresión, la mayoría de ocasiones sin consecuencia para los responsables.

Conductores de vehículos particulares sin la edad necesaria ni licencia de conducir, pilotos de autobuses extraurbanos sin permiso profesional, excesiva velocidad, automotores estacionados en áreas prohibidas o que transitan de noche sin las luces reglamentarias, irrespeto a los cruces peatonales, motoristas, taxistas y microbuseros que se pasan el semáforo en rojo y toda una serie de violaciones que dejan muy mal paradas a las policías municipales de tránsito, sobre todo porque en tiempos de tan avanzada tecnología debería ser más factible imponer sanciones.

Apenas ayer se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 37 de la ruta Interamericana, cuando un carretón remolcado por un vehículo se desprendió y a toda velocidad llegó hasta el carril contrario, en donde impactó contra la cabina de un camión liviano en el que viajaba un padre y dos de sus hijos, menores edad. Todos fallecieron. El remolque no cumplía con ninguna de las estipulaciones fijadas en la ley: no tenía luces ni un adecuado sistema de enganche, lo cual podrían parecer detalles sin mayor consecuencia hasta que ocurre una tragedia que enluta a toda una familia y priva al país de una persona trabajadora.

Son usuales los retenes policiales en carreteras del país, pero en los mismos nunca se penaliza ni se advierte a los conductores de vehículos que carecen de uno o los dos reflectores y que se convierten en potenciales factores de un siniestro. Desafortunadamente, tampoco se cuenta con registros sistematizados y confiables sobre los hallazgos de tales puestos de registro, que podrían permitir establecer una correlación de responsabilidades, advertencias e incluso consecuencias viales.

Por todas partes pululan motoristas que no portan el obligado casco protector o lo llevan como si se tratara de una diadema o de un protector de codos, lo cual no solo es irrisorio sino ilegal. Pero la estulticia siempre va un poco más allá de lo verosímil, y es así como se pueden observar, con frecuencia, motocicletas que llevan hasta cinco personas a bordo, incluyendo infantes, que se encuentran inermes ante cualquier percance.

Una de las actitudes generadoras de esta displicencia respecto de las leyes radica en la falsa creencia de que “a mí no me pasará eso”, como si acaso en la ley existieran excepciones a su obediencia basadas en suposiciones, mitos o estadísticas.

En un país en donde hasta más de un mandatario se atreve a desafiar los fallos judiciales de altas cortes según su personal interpretación de legalidad, casi parece lógico que los ciudadanos sigan tan mal ejemplo y se arroguen el derecho de decidir cuáles artículos de la ley obedecer, según su comodidad y conveniencia. Las normas positivas surgieron para permitir la convivencia colectiva y asegurar el respeto de los derechos. En el momento que cualquier individuo crea que puede eximirse de determinados detalles, empieza el riesgo de sufrir un accidente o, peor aún, de segar vidas por una necedad injustificable.