Pueden ser solo US$100 los que logre mandar un migrante guatemalteco a su mamá, a su cónyuge o a sus hijos desde Estados Unidos, en la medida que lo permita el trabajo disponible. La economía de dicha nación aún se encuentra a medio vapor, debido a la paulatina reactivación en diversos estados y a los repuntes de contagios. Hasta ayer, la potencia del norte contabilizaba más de tres millones de casos y 132 mil muertos por causa del covid-19, un azote que también ha golpeado a familias guatemaltecas: hasta ayer, iban 158 connacionales fallecidos.

Se menciona el esfuerzo de amor y responsabilidad de quienes envían remesas a sus seres queridos, debido a que también ayer trascendió el repunte en la cifra de ingreso de divisas por dicho concepto al país: un fenómeno de economía familiar que apuntala la frágil coyuntura económica nacional, asolada por la caída en ventas, el cierre de pequeñas empresas y la falta de recursos en muchos hogares, en donde los apremios siguen puntuales.

Los guatemaltecos que no tienen un estatus de permanencia legal en EE. UU. son quienes más crudamente padecen el temor a padecer de covid-19, puesto que su misma condición los inhibe de buscar ayuda en centros hospitalarios, por temor a ser detenidos y deportados. Tal drama se refleja en la proporción de jóvenes guatemaltecos indocumentados que han fallecido a causa del coronavirus prácticamente sin atención médica o bien porque la recibieron demasiado tarde, cuando su deterioro físico era irreversible. Muchos han logrado sobrellevar y vencer la enfermedad gracias al apoyo de vecinos o instituciones humanitarias, que les han facilitado atención profesional y medicamentos.

Hay que reconocer que la Cancillería ha llevado un registro de casos confirmados y decesos de guatemaltecos en el extranjero. Lamentablemente, se mantiene abierta la posibilidad de un subregistro, sobre todo entre aquellos migrantes de reciente ingreso a territorio estadounidense, quienes han conseguido una meta que es nuevo principio de esfuerzos y angustias.

En todo caso, es necesario resaltar la anodina existencia de entidades como el Consejo Nacional de Atención al Migrante, la Comisión del Migrante del Congreso de la República o la presencia de diputados que se promocionaron como líderes migrantes, pero de quienes no se ha escuchado ni un solo pronunciamiento serio, vehemente y propositivo para mejorar la defensa de los derechos de los connacionales detenidos o con procesos pendientes de asilo en EE. UU.

A propósito de contingencias burocráticas, es preciso mencionar el fallo judicial de un tribunal estadounidense que invalidó el acuerdo de tercer país seguro, firmado sin peros por el entonces ministro Enrique Degenhart, por delegación del presidente Jimmy Morales, para buscar la aquiescencia del gobierno de Donald Trump. Dicho plan, que fue negado, escondido, escamoteado, solo formaba parte de un paquete de promoción política antimigrante que atentaba contra el derecho a pedir asilo ante una amenaza creíble a la vida. Aunque será objeto de posibles apelaciones y recursos de revocatoria, dicho fallo ofrece por ahora una ventana de esperanza para todos aquellos que se marcharon para escapar de la violencia, de las extorsiones o de la pobreza que golpea a tantas regiones del país, de donde siguen saliendo jóvenes con la esperanza de un día poder mandar US$100 a sus familias.