Tanto daño hacen las discrecionalidades y laxitudes en procedimientos policiales como las rigideces retrógradas que quisieran convertir al cuerpo de seguridad pública, la Policía Nacional Civil, en una guardia pretoriana más propia de dictaduras caducas que de regímenes democráticos. Guatemala necesita una PNC actualizada, regida por procedimientos sistémicos de gestión y disciplina, liderada por personal de carrera con capacidades demostradas de manejo institucional, conocimiento doctrinal, preparación académica y experiencia de servicio al ciudadano.

Hace casi seis años, Enrique Degenhart, ministro de Gobernación del período de Jimmy Morales, descabezó una exitosa cúpula policial que le resultaba incómoda, con el pretexto artero de una “oxigenación” que nunca ocurrió y que solo dio paso a sucesivos y antojadizos relevos de mandos dictados por la sumisión y no por la misión toral de la entidad. El proceso de Reforma Policial quedó truncado y predominaron más los criterios oportunistas y parches clientelares que distan mucho de la auténtica dignificación del personal y de la institución.

Baste citar las vergonzosas tareas represivas contra la ciudadanía ordenadas de entrada por otro ministro, Gendry Reyes, en 2021, quien pasó sin pena ni gloria por el cargo. La misma oficialidad policial dejó saber su descontento por las líneas represivas impuestas y que incluso aún son tácitamente secundadas por ciertos sectores. Por ejemplo, el propio Ministerio Público solicita un antejuicio contra una jueza por el solo hecho de haber dictado falta de mérito, con justa razón, para el exministro Napoleón Barrientos, que optó por el diálogo en momentos álgidos de la crisis por el asedio del MP a la democracia. Parece una práctica de doctorado en represión que en una acción apegada a Derecho.

Retomar la reforma policial también va más allá de la simple inercia burocrática, sobre todo tras los retrocesos de los últimos seis años: implica poner en marcha procesos inteligentes de formación, ascenso, traslados de localidad, integración y equipos élite, y promoción de mandos. Es una tarea de Estado que no puede depender de elucubraciones filosóficas y menos de endogamias nacionalistas. Se necesita asesoría de expertos locales y extranjeros, así como la integración de la auditoría ciudadana, pero también de la cooperación internacional: el país enfrenta a mafias transnacionales de conocido poder corruptor e ingentes recursos.

Ayer se confirmó la supresión de la Dirección de Protección Fronteriza (Dipafront), por repetidas denuncias de corrupción. También se suspendieron ascensos policiales para investigar indicios de pagos ilícitos por esas promociones. Si tales extremos se confirman, no corresponde solo una destitución, sino también el procesamiento de involucrados. Allí sí debería actuar con celeridad el MP, porque eso sí atenta contra la justicia, obstruye la seguridad y daña a la ciudadanía.

En el gobierno de Giammattei Falla se redujo el tiempo de formación de agentes para poder egresar mayor número. Ese despropósito puede corregirse mediante la reforma policial, que debe incluir condiciones dignas para los agentes, un plan de infraestructura adecuada, capacitación, equipamiento tecnológico, selección de talentos y monitoreo constante y cruzado de la probidad. No es imposible y todo integrante íntegro lo tomará como parte de su propia certeza de carrera por la excelencia. Pero si se siguen repitiendo los errores del pasado se seguirán padeciendo los mismos o peores desastres en el futuro.