Una falacia usual de grupúsculos iconoclastas que destruyen monumentos y dañan patrimonio como supuesta forma de manifestar sus descontentos suele ser una engañosa comparación, a todas luces desproporcionada, entre daño material y situaciones socioeconómicas que impactan a sectores de la población, en el errado afán de querer vender como aceptable el destrozo de bienes públicos en nombre de un discurso que se ve desmentido y anulado por su propio extremismo intolerante. Esta clase de conductas solo exhibe influjos anarquistas o totalitarios, sistemas en los cuales, curiosamente, no existe más la libertad de expresión ni otras garantías bajo las cuales se amparan para sus desmanes.

Las manifestaciones en contra de abusos de conquistadores cometidos hace cinco siglos y la reivindicación de grupos indígenas del país, usuales en cada 12 de octubre, fueron el marco para las acciones desaforadas de ciertos grupos de descontentos, encapuchados, que la emprendieron contra centenarios monumentos que decoran las avenidas de La Reforma y Las Américas, entre las zonas 10 y 13. De alguna manera fue irónico que fracasaran en el intento de dañar la escultura que representa al descubridor Cristóbal Colón, la cual resistió el embate vandálico.

Continuaron hasta encontrar la escultura ecuestre del expresidente José María Reina Barrios —colocada allí en 1921—, a la cual se subieron para atarle lazos y luego derribarla a tirones, para luego decapitar la efigie: todo un acto absurdo que solo acarrea generalizado repudio y descrédito, pues ya para ese momento la manifestación había dejado de ser pacífica y reivindicativa para convertirse en una acción de destrucción patrimonial.

Se hace necesario señalar que los ataques contra monumentos constituye una estéril práctica copiada de otras latitudes y que a veces se comete de forma infundada. Por ejemplo, en EE. UU. han arrancado estatuas de personajes por el solo hecho de ser históricas, en un tosco revisionismo carente de reflexión, criterio o utilidad, precisamente porque no busca conocimiento y mucho menos entendimiento, sino solo explotar resentimientos irresueltos y prejuicios acumulados. Un ejemplo lamentable fue el derribo de la estatua de fray Junípero Serra, durante bochinches en San Francisco, California, en el 2020. Serra fue un gran defensor de los indígenas americanos ante los abusos de los colonizadores, pero aún así fue pintarrajeado de rojo: otro rasgo identificativo de la raigambre nihilista de estos actos.

Aunque algunos dirigentes de la manifestación quisieron tomar distancia de los destrozos, la dimensión de los mismos y sobre todo la desaprobación generalizada de la ciudadanía dejó por un lado las potenciales reivindicaciones.

Queda claro que Guatemala pasa por un momento crítico, con una deuda pública en riesgo de crecer para favorecer gastos del año preelectoral, con un Ejecutivo que negocia a escondidas un pacto previsiblemente lesivo y autopatrullas vinculados con trata de migrantes, una Corte Suprema de Justicia conveniente a los intereses del pacto oficialista que la deja seguir en el puesto desde hace dos años; un Congreso que incumple el mandato de elegir nuevos magistrados sin incluir a señalados y con un Ministerio Público que, en su momento, promovió el amparo para depurar tal proceso pero hoy está enmudecido.
Aun así, son las vías institucionales y legales las que deben conducir y conducirán al debido rumbo y consecuencias.