No es motivo de celebración la supresión de un partido político, y no porque entrañe lamentación alguna el castigo fijado para las violaciones a la Ley Electoral, sino porque tal acción punitiva implica que una vez más se ha traicionado la confianza cívica, se han privilegiado intereses particulares por encima de los nacionales y se ha fracasado en la misión de ser auténticos mediadores entre el poder institucional y las grandes necesidades de la ciudadanía que enfrenta la vida con voluntad, trabajo y responsabilidades cotidianas, sin privilegios ni prebendas.

Bien puede afirmarse que los votantes se anticiparon 4 meses y 18 días al Tribunal Supremo Electoral para dar su veredicto sobre el partido oficialista, FCN-Nación, cuya cancelación fue dictada ayer por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y que en las elecciones del 16 de junio quedó con apenas un 4 por ciento de los votos en la papeleta presidencial y ocho diputados en la próxima legislatura. La decisión se puede apelar, aunque se encuentra en el tramo final de un proceso fundamentado en declaraciones testimoniales sobre infracciones a las normas de financiamiento.

En el caso efecenista hay connotaciones particularmente llamativas, debido a que el delito electoral ocurrió durante la campaña en la que pregonaban transparencia y una conducta distinta a la vieja política. El partido Unidad Nacional de la Esperanza, su contendiente en 2015, también está en riesgo de supresión, aunque en este caso se trata de una solicitud del Ministerio Público que aún no ha sido resuelta por el Registro de Ciudadano; el proceso se empantanó por una razón insólita: la falta de recursos para fotocopiar el expediente.

Hay otras cuatro organizaciones políticas con sendos procesos de cancelación en diversas fases, pero nuevamente coinciden en ser una decepción respecto de ideales, principios y valores aseverados en mitines y declaraciones públicas. La propia ciudadanía también expresó su voluntad sobre el destino de siete partidos más que no lograron el mínimo de 4 por ciento de votos ni consiguieron colocar un diputado, por lo que están irremisiblemente sentenciados a desaparecer.

En este entorno resulta de gran importancia el llamado del TSE, emitido el lunes recién pasado, a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, misiones nacionales de observación electoral, profesionales expertos en la materia y los propios partidos, para plantear propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en el marco del establecimiento de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, fijada en los cambios del 2016.

La primera generación de reformas resultó insuficiente, incompleta y hasta con sospechas de dedicatoria para beneficiar a determinadas figuras. No obstante, constituyó un primer intento de consolidar la transformación de los modelos de representación y generar mayor ecuanimidad en la propaganda electoral. Habrá que fortalecer los mecanismos de fiscalización a las organizaciones políticas y la consolidación institucional de los más preciados valores que sustentan la auténtica democracia. En esta labor será clave el trabajo de los magistrados electorales, pero sobre todo el abordaje integral, con visión de Estado, que puedan aportar los futuros diputados, para quienes estas reformas serán la primera prueba de fuego.