El oficialismo sin duda buscará promocionar como un logro en el combate de la migración de indocumentados la aprobación de reformas que endurecen las penas de prisión y las multas existentes contra los tratantes de personas, popularmente denominados coyotes. Sin embargo, si no se abordan las causas del éxodo de manera integral, comenzando por las propias incoherencias, discontinuidades y vacíos de la agenda legislativa de los aliados, no pasará de ser una estratagema para presumir en foros diplomáticos.

Cierto es que la trata de personas constituye una actividad ilegal que lucra con el dolor, la precariedad y la necesidad ajena. Se aprovecha de la desesperación ante la falta de oportunidades, sobre todo en el área rural, y somete a hombres, mujeres e incluso niños a condiciones infrahumanas de transporte y encierro que ya han causado dantescas tragedias. Recientemente hubo capturas de guatemaltecos por la masacre de migrantes en Tamaulipas, perpetrada en enero de 2021, por su posible complicidad con bandas de narcotráfico que han copado también el trasiego de personas.

Pecan de ingenuos los diputados o creen ingenua a la ciudadanía como para tratar de vender la acelerada y también aislada aprobación de esa ley como una panacea, cuando en realidad tienen toda una presa de normativas imprescindibles para potenciar el desarrollo económico nacional y regional, único generador de empleos y transformador de realidades. Baste el ejemplo de la Ley de Competencia, largamente relegada, que podría permitir la llegada de nuevas inversiones en diversos campos. Ya sea por desidia, conflictos de interés o simple desconocimiento, dicha regulación lleva años engavetada.

Aún están frescas las imágenes dolorosas de la volcadura, en Chiapas, el 9 de diciembre de 2021, de un tráiler que transportaba, hacinados, a más de 150 migrantes, de los cuales murieron 56, la mayoría guatemaltecos. Esta tragedia puso de relieve la necesidad de combatir a las redes de trasiego de personas. Además evidenció que policías y funcionarios se hacen cómplices al dejar pasar los convoyes, por miedo o por soborno.

Esa situación no solo ocurre en territorio mexicano. También en Guatemala se han descubierto comitivas de migrantes que han logrado recorrer largos tramos a pesar de la presencia policial y que incluso son apresados o retenidos cuando ya no logran reunir dinero para pagar el siguiente retén. Acciones como estas deberían formar parte de los agravantes contenidos en la Ley de Migración, pues, de lo contrario, solo les aumentan el precio a los cohechos.

Si los diputados, sobre todo los distritales, se ocuparan de escuchar a sus electores, podrían quizá percibir la angustia de los sobrevivientes del accidente de Chiapas o de los deportados, que están de vuelta ante el desempleo, las extorsiones y la precariedad de sus comunidades. Si tanto es el afán por combatir la migración, ya deberían estar en marcha sólidos programas de agroexportación orgánica, de turismo comunitario, de conservación ambiental sostenida y, por supuesto, atención garantizada a la seguridad alimentaria. El freno a la migración está en la generación de nuevos horizontes para los jóvenes, en la renovación de la calidad educativa, en el combate de la delincuencia y en la certeza jurídica. Pero si ni siquiera han sido capaces en dos años de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, cualquier otro golpe efectista no confirma sino que poco les importa la partida desoladora, secreta y triste de más guatemaltecos, con o sin coyotes.