Dos veces se afirma “fortaleceremos el Sistema Penitenciario” en el llamado Plan de innovación y desarrollo, con el cual se promocionaba el entonces candidato Alejandro Giammattei Falla, cuyo cuatrienio está a 69 días de finalizar sin que se haya construido un solo centro de detención, pese al aumento de la población carcelaria y a la experiencia que alguna vez tuvo el mandatario como director de Presidios. Hasta agosto, según el propio Ministerio de Gobernación, se habían efectuado más de 50 requisas en penales de todo el país, y en todas se encontraron objetos ilícitos: armas, drogas, teléfonos celulares, equipos de internet, electrodomésticos, todos incompatibles con un estado de privación de libertad bajo condena o en condición preventiva.

La porosidad de las prisiones en el país se atribuye a trasiegos efectuados por visitantes, pero no se podría explicar la cantidad y reincidencia de objetos prohibidos sin la colusión de guardias y empleados del Sistema Penitenciario. De hecho, según exfuncionarios de Presidios, existen casos de pagos para ocupar el cargo de director de ciertas cárceles, a fin de obtener los ingentes réditos de dicho contrabando. Se desconoce si tal fenómeno o quizás, por el contrario, algún intento de poner en orden a detenidos haya sido la causa del mortal ataque contra el director del centro de detención de Matamoros, Edwin Patzán, ultimado ayer a pocos metros de tal instalación militar.

Cabe anotar que dicha cárcel civil dentro de un cuartel sería de carácter temporal, mientras se construía una cárcel de máxima seguridad. Se construyó en el 2010, pero su funcionamiento actual data de junio del 2016. Actualmente tiene 43 reos, entre los cuales hay narcotraficantes y pandilleros.

Apenas el 22 de julio último, también fue ultimado otro director carcelario: Eulalio Arriaza, quien estaba a cargo de la cárcel Los Jocotes, Zacapa, fue emboscado. Individuos en motocicleta le dispararon y hasta la fecha no existe rastro de los hechores y menos aún de la causa del ataque. Se adivinan, sin embargo, los fuertes intereses económicos que rodean a las prisiones del país, que, en vez de ser centros de rehabilitación y reinserción, son centros de adiestramiento criminal e impunes centros logísticos de extorsiones, ilícito que va acompañado de órdenes de ejecución en contra de víctimas que se resisten o que simplemente no pueden pagar.

No existe plan alguno para fortalecer, modernizar o transparentar la seguridad de las cárceles; no existen instalaciones aptas para monitorear el contenido de conversaciones de visitantes o la entrega de mensajes escritos en papeles. El proyecto de cárcel de alta seguridad en Masagua, Escuintla, sigue sin comenzar, debido a que el terreno estaba invadido y se tuvo que emprender un proceso de desalojo. Pero los estudios, licitación y adjudicación de la obra ocasionaron demora y polémicas, por señalamientos contra la empresa ganadora del concurso.

Por otro lado, el foco de una visión penitenciaria moderna, proactiva y productiva debería concentrarse en posibilitar la rehabilitación de internos, sobre todo aquellos que delinquen por primera vez. Uno de los mejores expertos en prisiones, Byron Titus, es guatemalteco. Sus exitosos modelos de reinserción implementados en Estados Unidos ya se desarrollan en países como Colombia o Argentina. Los ha ofrecido a varios gobiernos de Guatemala, pero nadie le ha puesto atención. Cabe preguntar por qué. Y a la vista sigue un inmundo negocio tras las rejas.