La noche del 27 de marzo de 2019 ocurrió una tragedia precedida por otra: un camión sin luces arrolló a un grupo de pobladores en el kilómetro 159.5 de la ruta interamericana, en Nahualá, Sololá. Hubo más de 30 heridos y murieron 18 personas. La multitud estaba sobre la cinta asfáltica debido a que el líder comunitario de la aldea Tzucubal, Juan Chávez Ajchí, había fallecido atropellado por un vehículo. Chávez habría podido llegar hacia su domicilio sin pasar por la carretera, aunque por temor a alguna agresión por parte de pobladores de su misma aldea, pero adeptos al reclamo territorial de Santa Catarina Ixtahuacán, prefirió caminar por la cinta asfáltica. Una tragedia llevó a otra, pero lo más lamentable es que esta semana se avivó el conflicto limítrofe entre ambos municipios, que data desde 1876.

En octubre del 2019, el Gobierno declaró estado de Sitio en Nahualá e Ixtahuacán, debido a las escaramuzas armadas entre pobladores, con detonaciones de mortero y fusiles. Se instaló una mesa de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios que, evidentemente, no ha funcionado. Ayer, a causa del repunte de sucesos armados, el presidente Alejandro Giammattei volvió a declarar medidas de excepción, agregando al municipio de Santa Lucía Utatlán, ya que su territorio es utilizado presuntamente para esconder armamento. Apenas el domingo anterior, pobladores de Nahualá fueron señalados de haber perpetrado un ataque, pero estos, a su vez, acusaron a sus vecinos.

Este no es el único conflicto territorial municipal en el país, pero sí el que puede convertirse en el paradigma de resolución. Será importante la revisión histórica de los testimonios, la documentación, la medición geodésica y hasta el recuento de víctimas del prolongado enfrentamiento, para poder convocar a un diálogo de conciliación entre las comunidades. Se necesita a un mediador capacitado, con credibilidad y capaz de buscar las vías de conciliación racional, emocional e identitaria. La Comisión Presidencial de Diálogo debería encabezar este esfuerzo. Su titular, un excandidato oficialista a la alcaldía de San José Pinula, divulgó en febrero haber recibido informes de conflictos limítrofes de 16 departamentos, sin que se sepa de más avances.

Este es el momento de poner fin a un conflicto territorial que lleva más de 140 años sin resolverse a causa del mal manejo político, geográfico, administrativo, legislativo e incluso cultural. Los enfrentamientos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán constituyen un foco de estéril rivalidad generada por una franja de tierra que alguna vez fue un ejido comunitario, hoy dividido en pedazos y cuyos ambiguos linderos hacen estallar rencores.

No bastará otro estado de Sitio si no se emprende un proceso de conciliación y desarrollo para ambos municipios. La presencia del Ejército puede ser un disuasivo, pero para desactivar las hostilidades se necesita de la presencia institucional del Estado para trazar un acuerdo limítrofe en el que ambas partes cedan y ganen. También se debe detectar si existen otros intereses ajenos o incitadores maliciosos a la violencia. Finalmente, es clave involucrar a las nuevas generaciones en la cultura de la tolerancia y la reconciliación, pues a fin de cuentas cualquier aspiración humana digna transita por el camino de la paz y pierde el rumbo si toma los laberintos de la violencia.