Fueron dos los años perdidos en sueldos, dietas y gastos de funcionamiento legislativo, en tiempo y costo de oportunidad, durante el intrascendente paso de Allan Rodríguez por la presidencia del Congreso. Sin embargo, ese organismo continúa sumido en el marasmo politiquero polarizante que imposibilita el diálogo y se cierra al avance nacional, por agendas de limitada capacidad intelectual y pactos de conveniencia cortoplacista con partidos pendientes de cancelación y diputados en lista negra que no les muestran la menor vergüenza.

Agilidad para la demagogia, aptitud para el clientelismo y total falta de escrúpulos para el dispendio estéril son características comunes de un amplio rango de diputados que procuran para sí mismos y sus allegados un conveniente espacio de impunidad y doble discurso. No lo decimos nosotros, ellos mismos lo confiesan. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Hoy se declaran en contra de la abusiva ampliación del endeudamiento, pero apenas ayer eran comparsas del oficialismo de turno, que ya piensa en desbandada, camaleonismo y delaciones en vista al año preelectoral.

La muestra más fehaciente de este maquiavélico proceder se encuentra en el atraso, bajo toda clase de pretextos nimios, en la elección, a viva voz como lo marca la ley, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. En el comienzo del nefasto período rodriguista se justificó que tal método implicaba más tiempo y trabajo. ¡Por supuesto! Si para eso les paga el pueblo de Guatemala. Pero tal argumento era vano, en realidad a lo que le rehuían y rehúyen aún es a dar la cara sobre sus lealtades e intercambios de favores. El tiempo ha pasado, ya hubieran terminado de elegir, pero aunque no lo hayan hecho son evidentes las abyectas fidelidades pactadas.

Mal hace la actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera, en proseguir el guion de su antecesor. Como guatemalteca, como congresista puede tomar la decisión histórica de declarar una sesión permanente, con acceso público a discusiones plenarias mediante el canal del Congreso, plena divulgación de los perfiles de aspirantes y con claridad vinculante acerca de los candidatos que negociaron y se reunieron con operadores políticos ilegales, incluyendo al menos a nueve de los actuales magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas.

Una iniciativa de este nivel, con las correspondientes condiciones de transparencia, colocaría a la presidenta Rivera en un nodo decisivo de la historia: justo la mayor aspiración de un político. Hacer nada y continuar con la actual inercia, ya sea por decisión o por seguir órdenes, es también una acción sobre la cual no puede culpar a nadie. El tiempo excedente de la actual Corte Suprema de Justicia supera los 900 días, todo un escándalo, una anomalía y un una pérdida que jamás debería repetirse, pues el error jamás es fuente de derecho.

Mientras tanto, los magistrados de la CSJ que se las han arreglado para proteger sus inmunidades en diversas peticiones de retiro de antejuicio pueden y deben comenzar a pensar en la finitud de sus cargos. Esperar a completar otro ciclo completo de cinco años sería un absoluto dislate legal, ético e institucional. Las presiones subrepticias y procesos legalistas, oficiosos, claramente enderezados en contra de jueces independientes deben cesar. No estamos ya en los tiempos del dictador Estrada Cabrera, que acaparaba fidelidades, ya fuera con miedo o prebendas. Y aún si así fuera, es bueno recordar que a él también se le terminó la hegemonía.