Como un “gustito” absurdo, destructivo, inhumano y criminal se ha convertido el afán de poseer en cautiverio ejemplares de especies protegidas, cuya obtención se convierte en el detonante de incursiones de personas y bandas dedicadas a la cacería de aves, reptiles y mamíferos, muchos de ellos en peligro de extinción, con el fin de venderlos a coleccionistas que los encierran sin mayor objetivo que su personal capricho.

Se califica de absurdo, porque es imposible decir que se valora o se admira la naturaleza o la biodiversidad cuando en realidad se contribuye a su deterioro. Con frecuencia, los ejemplares capturados dejan en abandono a sus crías, que perecen por inanición; si los atrapados son cachorros o pichones, sus probabilidades de subsistencia son limitadas, pues las condiciones de trasiego son mortíferas.

Es una afición destructiva, porque a menudo se derriban árboles para acceder a nidos, se provocan incendios para atrapar especímenes con redes y se rompe un ciclo ecológico que en muchos casos es irrecuperable y que a menudo ocurre en áreas protegidas. ¿Y todo para qué? Para obtener unos cuantos billetes marcados por una sentencia de deterioro ambiental para las próximas generaciones, incluyendo a las propias familias de los cazadores furtivos, que suelen creerse muy listos e ingeniosos, pero en realidad son vulgares delincuentes.

El tráfico de especies es una acción inhumana, porque se precisa de absoluta crueldad y distorsión de valores para colocar a seres indefensos amarrados por días, sin alimento, sin ventilación, ocultos en tubos, cajones, compartimientos secretos de camiones o incluso junto a motores de vehículos, con el fin de burlar a las autoridades, si acaso hay alguna en el área de acción. Cualquier complicidad o connivencia es igualmente deplorable.

Finalmente, pero no menos grave, es una actividad criminal, que se trata de justificar señalando que es una forma de sobrevivencia económica, pero eso sería como excusar a un asaltante o a un extorsionista que arguya cometer delitos por ser de escasos recursos. De hecho, los ilícitos réditos de ese trasiego suelen atraer a bandas delictivas que obviamente no valoran el patrimonio natural, que cuentan con armamento y total carencia de escrúpulos para incluso segar vidas humanas que se opongan a sus atropellos.

Ayer fue asesinado el empresario Pedro Viteri en Santa Lucía Cotzumalguapa, al parecer por haber encarado a una gavilla dedicada al trasiego de loros, especie protegida cuyo comercio está prohibido y cuyos precios pueden alcanzar precios exorbitantes. Quienes adquieren esta u otras especies no están exentos de culpa ni pueden alegar ignorancia sobre la proveniencia de sus “mascotas”. En todo caso, no saben si dicho ejemplar fue capturado a costa de la sobrevivencia de sus crías o, peor aún, si está manchado de sangre. La semana última trascendió el rescate de un quetzal en Mazatenango. Presentaba graves lesiones que llevaron a deducir que estuvo en cautiverio o bien que se intentó su captura. El ave, símbolo nacional, murió: toda una triste metáfora de la tragedia acarreada por la ilegalidad.