Las transferencias de recursos entre dependencias del Estado son una herramienta legal para efectuar ajustes y enfocar esfuerzos en determinadas áreas. Son, sin embargo, un mecanismo excepcional y no un resquicio para manipular repetidamente las partidas presupuestarias. No obstante, el oficialismo se ha valido de esta figura para efectuar discrecionales traspasos millonarios sobre los cuales flota la sombra del clientelismo electorero, precisamente un año antes de los comicios generales.

Tan solo en siete meses se han efectuado cambios de destino de fondos públicos por arriba de los Q2 mil 320 millones a través de varias operaciones avaladas por el Congreso, poder del Estado que también carece de rumbo y que prácticamente ha renunciado a su papel de foro público al priorizar las aprobaciones “de urgencia nacional” en lugar de la discusión de decretos: una vía exprés bajo la cual han pasado varias de estas transferencias, que ¡oh coincidencia! en varios casos benefician a firmas ligadas a diputados.

Entre los más notorios y contradictorios despropósitos de esta índole figuran los Q100 millones restados a proyectos de combate de la desnutrición y mortalidad infantil del Ministerio de Salud, que fueron trasladados al Ministerio de Desarrollo para reparto de “bolsa social” o la extensión de los “comedores sociales”, que solo son la repetición de programas fallidos que el actual mandatario criticó en su momento.

Hace dos semanas se avaló el traslado de Q722 millones al Ministerio de Comunicaciones (CIV) para la atención del estado de Calamidad por la época lluviosa, adicionales a los Q3 mil 191 millones ampliados en enero para una opaca retahíla de proyectos viales cuya lista completa desconocía el propio titular del CIV, principal obligado a garantizar la calidad de la ejecución de tales obras. La intención es clara, darle a diputados distritales y alcaldes un cuantioso fondo para hacer propaganda de trabajos a la carrera que fueron incapaces de impulsar en los dos años y medio anteriores.

El Ejecutivo decide proseguir con la táctica del subsidio, a pesar de que el mismo tiene reglas poco claras para la repartición de fondos públicos, poco efectivas para el control de precios y muy poca sostenibilidad si se siguen usando para gasto los recursos que deberían ser para inversión en desarrollo y prestación de servicios de calidad a la población más necesitada, que ni siquiera tiene vehículo. Y quizá esa sea la razón por la cual el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, haya develado precozmente la táctica de presentar un proyecto de presupuesto para el 2023 con la mentalidad de que no será aprobado, y ello automáticamente deje vigente el actual a fin de repetir la piñata en pleno año de Hidalgo.

Dice el dicho que quien escupe al cielo en la cara le cae, y esto es perfectamente válido para todos aquellos candidatos que se pasan uno, dos, tres y hasta cuatro campañas, como el caso del presidente Giammattei Falla, intentando llegar a la Presidencia. Para cuando finalmente lo logran, a fuerza de críticas sobre los desaciertos, dispendios, desatinos e incumplimientos de sucesivos gobiernos, lo mínimo que se espera es un plan de gobierno que se cumpla con mediana certeza y apego a ciertos principios medulares. Pero lo que está a la vista es más de lo mismo, corregido y aumentado a fuerza de nuevos clientelismos, nuevos allegados y las mismas excusas y endosos de culpas de sus antecesores.