Tarde o temprano se comprueba la veracidad de toda clase de ofrecimientos políticos, desde aquellos proferidos en campaña electoral hasta los efectuados como parte de discursos que reflejen afabilidad, tal el caso de las declaraciones de transición de gobierno, que no terminan de concretarse fehacientemente.

La más evidente de tales incoherencias entre discurso y acción ocurre respecto del convenio migratorio, de cuya firma pasaron ya más de cien días sin que se conozca detalles de los documentos, adendos, obligaciones y beneficios concretos. A pesar de las repetidas solicitudes del gobierno electo, no se les ha incluido —al menos no públicamente— en las siguientes citas de diálogo e implementación. Cuando faltan 70 días para el fin del período, parece crítico el involucramiento de las autoridades entrantes, sobre todo si resulta cierta la afirmación, hace semanas, de que no se incluirá a ningún funcionario actual en el nuevo gabinete.

Otro caso que exhibe la avidez por concretar negocios cuya pertinencia despierta dudas, a dos meses y 10 días del cambio de gobierno, es el arrebatado proceso para licitar una nueva concesión para la emisión de pasaportes por los próximos ocho años, un servicio que ha tenido incontables problemas y deficiencias, dentro y fuera del país, los cuales deberían ser evaluados e incluidos como parte de los criterios de selección. Es obvio que desarrollar este tipo de decisiones que involucran medidas internacionales de seguridad no es algo que se pueda ni se deba improvisar, sobre todo si el gobierno entrante tiene el tiempo suficiente para efectuarlo con una evaluación integral y mucho más orientada a sus propios planes en materia de relaciones exteriores y servicio a connacionales.

Así también la actitud de transición debería ser un hecho en el Congreso saliente, sobre todo si se toma en cuenta que más de cien diputados no fueron reelectos y, por lo tanto, ya han perdido, simbólicamente, la representación popular que los llevó al cargo. Están en la etapa final de un período legal, muy lejos de los primeros meses en los cuales había altas expectativas sobre ellos. Cualquier tipo de iniciativa de ley resulta ya tardía e incluso sospechosa, sobre todo si claramente obedece a agendas regresivas.

El mejor ejemplo de esta tozudez legislativa fue el golpe bajo dado por diputados a la competitividad del país, la semana recién pasada, cuando pudieron apoyar la primera alianza público privada en favor de la reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y no lo hicieron, sin que estén claras las verdaderas razones por las cuales se manejó la votación con un dudoso quorum y numerosas ausencias.
Directamente vinculado con el cambio de administración está el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, sobre el cual debería pronunciarse claramente el gobierno entrante, no solo en cuanto a su monto y fuentes de financiamiento, sino también respecto de sus prioridades. Queda la incógnita sobre las posibilidades de aprobación que tendrá el plan ya dictaminado en un entorno de anomia política, diputados que no tienen nada que perder pero que no extrañaría si están dispuestos a vender su voto al mejor postor. En todo caso, los planes inmediatos del nuevo gobierno dependen directamente de los cabildeos y consensos que se consigan en el Legislativo, pero en este, al igual que en el Ejecutivo, sus integrantes parecen más empecinados en su beneficio propio que en el nacional.