Y cuando falló la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República seguía sin elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, después de tres años y 10 meses de legislatura, después de haber agendado el punto en más de 269 sesiones, después de romper quorum llegado el momento de abordarlo. Tal dejadez o saboteo sistemático sucedió con el tácito aval de los diputados oficialistas Allan Rodríguez y Shirley Rivera, presidentes del Legislativo. No eligieron bajo diversos pretextos, pero la causa real fue la orden de la anterior CC de elegir magistrados de viva voz.

A los propios magistrados de la CC actual, instalada desde junio del 2021, no pareció importarles la elección ni la dilación ni la permanencia de la CSJ actual. De hecho, entre ellos tienen dos magistrados, titular y suplente, electos por la Corte Suprema de Justicia extemporánea, cuando aún tenía año y medio de excedencia, la cual cumplió cuatro el 13 de octubre último, sin que el oficialismo y bancadas adláteres se apresurasen para designar a la siguiente, como si estuvieran esperando otra vuelta al sol, aunque muchos de ellos ya no estarán en el hemiciclo cuando venza el plazo de cinco años de la CSJ no electa.

Un “agujero de gusano” es un hipotético y abstracto concepto astrofísico de dos agujeros negros conectados por un túnel, un supuesto puente oscuro entre dos puntos distantes en tiempo y espacio. Es un atajo metafórico utilizado en películas de ficción, pero nunca comprobado ni encontrado por la ciencia. Se entra por algún lugar del universo y se sale en otro en otro extremo desconocido. Para los imaginarios pasajeros de tal agujero, el viaje puede durar un instante, pero para un observador externo pueden ser años.

Por eso parece inverosímil que ayer la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos la asocian con un cuadrante más bien afín al oficialismo, haya “ordenado” al Congreso de la República que en 37 días haga lo que no ha hecho en mil 233: elegir CSJ y salas de Apelaciones. No lo hicieron por desidia, dolo, incapacidad o conveniencia. El fallo de la CC conmina a convocar a sesiones extraordinarias, lo cual resulta irrisorio a estas alturas, dada la improductividad de esta legislatura y los pendientes que tiene, comenzando por la discusión del cuestionado proyecto de presupuesto del 2024, pero también el sospechoso proceso de antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo —cuyas desavenencias con el presidente Giammattei Falla son más que obvias— y ahora antejuicios contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral recién avalados por la CSJ en tiempos extra.

Despierta ojeriza la repentina orden de la CC, presentada por el pleno de magistrados titulares en un momento político agitado y en pleno proceso de transición de mando presidencial. El silencio del Ministerio Público —cuyas pesquisas llevaron a la justificada suspensión de la elección en el 2020— se ha mantenido. La resolución de la CC parece emerger de un agujero de gusano inexplicable, arcano y movido por fuerzas desconocidas.

El plazo perentorio para el 15 de diciembre es irreal. Existe la advertencia de certificar lo conducente a los diputados si no cumplen con el mismo, pero esa consecuencia ya debería pesar hoy sobre las directivas que se pasaron meses sin procurar cumplir su obligación. No faltan las teorías conspirativas sobre esta atropellada orden contra reloj, que levanta el requisito de votar a viva voz. Urge el relevo en la CSJ, pero la elección debe hacerse de manera pública y transparente.