Durante una muy conveniente ausencia presidencial, después decuatro meses de ambigüedades, versiones parciales y hermetismo, sin terminar de aclarar totalmente cuáles son las cláusulas de obligaciones y beneficios para Guatemala, pero sobre todo tras eludir la discusión en el Congreso de la República del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos, este país envió a la primera persona rechazada de su suelo bajo dicho plan, que en el fondo es una versión del tantas veces negado tercer país seguro.

Fue puesto en marcha de súbito pero con aires de un logro de Estado. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, negociador y signatario del acuerdo por delegación del presidente Jimmy Morales, tuvo que admitir que los anexos del mismo todavía no están completos, aunque evitó, como ha sido usual, dar detalles sobre los aspectos aún en discusión. De hecho ni siquiera se ha dignado a involucrar al gobierno electo, que en menos de dos meses debe afrontar tal compromiso, o quizá denunciarlo, en caso de ser lesivo para la Nación, y deducir responsabilidades civiles y penales.

La premura del gobierno estadounidense es obvia, debido a la cercanía de la campaña presidencial del 2020, dentro de la cual el tema migratorio es la palabra mágica para el actual presidente, Donald Trump, quien necesita urgentemente de ese salvavidas, en medio de una tormenta que lo tiene al borde de un juicio político a causa de presuntas presiones económicas ejercidas contra el presidente de Ucrania para que este accediera a emprender una investigación en contra el exvicepresidente Joe Biden, quien se perfila como fuerte rival demócrata en la próxima contienda.

Curiosamente, hace un mes, Mick Mulvaney, el jefe de gabinete de Trump, fue cuestionado en una rueda de prensa en la Casa Blanca acerca de la coerción económica contra Ucrania, a lo cual respondió diciendo que eso ocurre “todo el tiempo”, y puso como ejemplo el corte de la ayuda económica para Guatemala, El Salvador y Honduras como medida de presión para que estos países accedieran a sendos convenios migratorios.

El secretismo sobre las discusiones, las implicaciones concretas, los costos reales y los supuestos beneficios del convenio puesto en funcionamiento pintan de cuerpo entero al gobierno saliente, que se ha caracterizado precisamente por sus agendas ocultas, declaraciones crípticas y doble discurso, sobre todo en lo referente a la soberanía nacional y el respeto a la institucionalidad. En un primer momento, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que todo acuerdo que involucre al territorio nacional debía tener el aval del Congreso de la República, algo que se eludió con excusas legalistas y un oportuno silencio legislativo.

Ojalá que entre los anexos del convenio figure al menos la posibilidad de un estatus de protección migratoria, (TPS, en inglés) que el presidente salvadoreño obtuvo para millones de sus compatriotas sin mayor aspaviento y que el presidente Jimmy Morales dijo haber solicitado en junio de 2018 a través de la Cancillería, una solicitud que obviamente no tuvo mayor efecto. Además está pendiente el comienzo del otorgamiento de las prometidas visas de trabajo temporal en EE. UU., que fueron pregonadas por el negociador como un gran logro, que atrajo a miles de solicitantes en todo el país pero que aún no se concretan, a 53 días del final del período.