Es lamentable, doloroso e indignante el escándalo de las pruebas supuestamente compradas al proveedor estadounidense Atila, pero cuyo pedido fue falsificado en Guatemala. Treinta mil pruebas fueron entregadas al Ministerio de Salud para su uso en el diagnóstico de covid-19 en los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango, donde se comprobó que sus resultados no eran fiables; es decir, eran inservibles. Este fraude pone en entredicho la efectividad de previos lotes y mediciones, con el trágico agravante de que el engaño puede haber costado vidas, debido a un falso diagnóstico negativo.

Hay personas que todavía critican con vehemencia la ruta del caso IGSS-Pisa, originado en 2014, cuando se adquirieron insumos defectuosos para diálisis ambulatoria de pacientes renales, a cambio de jugosas comisiones para los involucrados.
Murieron cerca de 50 personas a causa de este negocio en el cual medió la ambición de funcionarios y traficantes de influencias. Ahora, el escándalo de miles de pruebas de coronavirus falsificadas vuelve a dejar mal parado al Ejecutivo, que hace menos de una semana reclamaba portadas de prensa para un exiguo informe de la llamada secretaría anticorrupción.
Debe investigarse a fondo todo el proceso de adquisición, la validación de proveedores, la existencia de cualquier recomendación u orden sospechosa, el papel de todos los involucrados en la compra, recepción y manejo del supuesto embarque, así como la ruta del dinero. Nadie puede alegar ignorancia o irresponsabilidad, pues se trata de un atentado contra el derecho fundamental a la vida y a la salud, en el contexto de una pandemia que no perdona pifias, descuidos ni errores, mucho menos fraudes.

Si bien el Ministerio de Salud divulgó el caso el domingo último, es vergonzoso que sea el propio fabricante Atila, de EE. UU., el que primero efectúe y divulgue una descripción sobre sus procesos internos de elaboración y distribución, a fin de averiguar si el problema ocurrió de su lado. Es ahí donde se revela que desde el 18 de enero fueron consultados por el Gobierno de Guatemala como parte de una investigación de pruebas defectuosas del lote Covid20200423. Obviamente, hacen la pesquisa interna con un criterio de responsabilidad industrial, para poner distancia ante cualquier implicación legal y porque necesitan mantener la confianza de sus clientes.

Es interesante hacer notar que Atila detectó que el color y marcas de los tubos reactivos enviados a consulta no coincidían con el código cromático utilizado por la marca. Es decir, un procedimiento estándar de control de producción, consistente en utilizar combinaciones aleatorias de colores y números de lote, ha puesto en evidencia que la criminal suplantación del pedido se produjo en Guatemala.

A estas alturas, el propio mandatario debería haber pronunciado su más enérgica condena y girado la orden para suspender de sus funciones a cualquier posible involucrado. Cabe detallar que el gerente administrativo financiero que avaló la compra fue nombrado viceministro del Deporte en enero último -cuando ya se efectuaba la pesquisa sobre las pruebas defectuosas- y continúa en su cargo. Finalmente, cabe coincidir con el calificativo que el fabricante de pruebas moleculares da a esta situación: un crimen “atroz”, puesto que se necesita de una total carencia de escrúpulos y de una indolencia psicópata para poner en peligro de muerte a 30 mil personas a cambio de 30 monedas.