La evaluación de la educación en Guatemala ha sido un desafío constante y un motivo recurrente de alarma acerca de los pobres y poco competitivos resultados de los estudiantes relacionados con la capacidad de comprensión lectora, análisis crítico y habilidad matemática. Si a estos retos se suman las dificultades acarreadas por la pandemia —alejamiento de las aulas, menor interacción con el docente, supuesta autonomía didáctica devenida en acumulación de dudas, activismo estéril, atención fragmentada y retención de conceptos errados o incompletos—, nos encontramos ante una potencial debacle cuyos devastadores efectos tarde o temprano pasarán factura.

Por supuesto, no se trata de adelantar juicios o de crear pánico injustificado, pero no son pocos los estudios que advierten del peligro de brechas de aprendizaje en estudiantes del sector oficial y privado. Los contagios de covid-19 aún no permiten avizorar un retorno inmediato a las clases presenciales y, por otra parte, hay que aprovechar los aspectos positivos de la educación a distancia. Sin embargo, para encarrilar debidamente la nueva normalidad se necesita urgentemente una evaluación masiva, integral, objetiva y pública de las metodologías, las barreras y los conocimientos adquiridos.

Difícilmente el Ministerio de Educación podrá tener la capacidad para ejecutar esta operación impostergable y de obligado alcance nacional, a fin de hacer el recuento de daños. Por eso mismo, bien podría analizarse la posibilidad de lanzar una convocatoria a las universidades privadas que ofrecen carreras vinculadas con la enseñanza de materias específicas, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Administración Educativa y Humanidades, para que se unan y desarrollen instrumentos de recolección de datos debidamente conectados a una plataforma digital que los registre en tiempo real, a la manera de un censo cuya información puede marcar un giro estratégico que rompa la actual inercia aparente.

La modalidad virtual ha provisto a los docentes de numerosas herramientas interactivas, pero no necesariamente estos recursos benefician a los educandos. La causa: limitaciones económicas que les impiden tener acceso a señal adecuada de internet, el cansancio por prestar atención a una pequeña pantalla de celular durante horas, días, semanas y meses o la simple diferencia de capacidades de aprendizaje que ya de por sí se observa en las clases presenciales.

Todos esos factores podrían formar parte de este gran examen a la salud educativa de Guatemala, que de alguna manera también padece secuelas del covid-19. Esa recolección de datos no debe conducir a ningún tipo de sanciones, reprimendas o cualquier otra clase de recriminaciones hacia educadores o directores de establecimientos. Por el contrario, se trata de diagnosticar de manera más detallada y proactiva las condiciones por mejorar, de cara a una recuperación del costo de oportunidad perdido en favor de la prevención.

Por supuesto, es posible cruzar datos con encuestas efectuadas a los propios maestros, estudiantes y padres de familia, a fin de evitar sesgos y reconocer los entornos que rodean el ejercicio educativo en cada región del país, de acuerdo con variables culturales, lingüísticas e incluso nutricionales. El segundo año escolar marcado por la pandemia está a punto de llegar a la mitad y no debería terminar sin que se tenga una “libreta de calificaciones” del sistema educativo, con recomendaciones consensuadas, pertinentes y medibles.