El año que viene se cumplirán 10 años de la medalla de plata lograda por Érick Barrondo, originario de Alta Verapaz. En todo ese tiempo, las autoridades deportivas han sido incapaces de dotar a dicho departamento, por no mencionar a la totalidad de cabeceras departamentales de una pista sintética para que más talentos del atletismo puedan llevar su vocación más alto, más lejos, mejor, como reza el lema olímpico. Tal dejadez se refleja precisamente en las cifras que se presentan hoy en nuestro reportaje de portada, según las cuales un 97% de los millonarios recursos del deporte se van en gastos de burocracia y menos de 3% se destina a la construcción de infraestructura deportiva, debido a que la ejecución de proyectos es lenta e incompleta.

Pero las incoherencias en el uso de fondos públicos del deporte no terminan allí. Son varios los seleccionados y medallistas que han señalado los abusivos gastos acreditados en viáticos, hospedaje y compras efectuados por integrantes de directivas de federaciones en supuestos viajes de apoyo a los deportistas, quienes reciben magras sumas so pretexto de que los organizadores de eventos deportivos cubren sus necesidades o bien de que los campamentos deportivos consumen la mayor parte de los recursos.

A estas alturas de la historia del deporte nacional y del deterioro institucional de estamentos del Estado, es poco lo que pueden justificar, esconder o disfrazar las directivas del deporte que, al ser señaladas, se hacen las ofendidas y escenifican indignación, pero se resisten a rendir cuentas claras del uso de los fondos del erario nacional que les son confiados por precepto constitucional y que, paradójicamente, constituyen un codiciado botín.

Los amaños en las elecciones de federación o de comité olímpico son una pantomima recurrente, que cubre formalidades pero que en el fondo se amasan con arreglos y concesiones clientelares para los que apoyen tal planilla. Es tal la voracidad por caerle a estos recursos que hasta participan adláteres de los gobiernos de turno, no con el afán de mejorar las condiciones de entrenamiento, ampliar el semillero de deportistas o elevar el nivel con decisivas becas para medallistas nacionales, no. Solo ven un negocio detrás del noble discurso de la competitividad deportiva. Los resultados están a la vista, y no nos referimos a los logros atléticos, sino al deplorable estado de los complejos deportivos nacionales; la modernización y la tecnología brillan por su ausencia.

Q3 mil millones han sido manejados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco en los últimos cinco años. La Contraloría General de Cuentas ha efectuado numerosos reparos e incluso se han dado denuncias, pero los encargados de estas entidades se amparan, maliciosamente, en la autonomía del deporte. Se trata de una autonomía funcional, no de un permiso para el dispendio.

Existen logros a nivel internacional, sí, pero en las actuales circunstancias obedecen más a la férrea voluntad individual de jóvenes talentosos que se entregan por completo a la solitaria misión de triunfar. Cuando cae la medalla, ahí sí se cumple aquel viejo dicho que reza: el fracaso es huérfano, pero la victoria tiene muchos padres. Lo mismo ocurre a la hora de los escándalos de gastos superfluos, viajes con todo y familiares, periplos suntuosos que poco o ningún beneficio traen para los deportistas que dejan todo sobre la pista a diario… si es que hay pista.