Todos los autócratas o los aspirantes a serlo encuentran uno de sus mayores estorbos en la libertad de expresión y, por lo tanto, buscan la manera de coartarla, limitarla o controlarla, caso en el cual deja de ser libertad, puesto que se torna en un instrumento complaciente. Los regímenes autoritarios que ha padecido todo el continente, incluso a partir de apariencias democráticas, tarde o temprano se quitan la máscara y comienzan a atacar a personas, grupos o empresas, mediante abiertas confrontaciones o bien a través de subterfugios legales, que no por ello son válidos, ni legítimos, ni morales.

La burda resolución de la Sala Segunda de Apelaciones que amordaza a editores del diario elPeriódico, pretextando la Ley de Femicidio, es sin más ni más una inconstitucionalidad, pero sobre todo una leguleyada que solo deja entrever la avidez de poder, las enredaderas de ambiciones e intereses, así como posible tráfico de favores precisamente en el año en que el más impresentable de los Congresos elegirá una nueva Corte Suprema de Justicia.

Recién han trascendido los señalamientos contra diputados por haber participado en la trama de sobornos que sirvió para amarrar la elección de las actuales CSJ y cortes de Apelaciones. De hecho, en el 2017 fueron nombrados 15 magistrados de Apelaciones, entre los cuales figuran dos de los que favorecieron a Sandra Torres en su reclamo de supuesta víctima de femicidio. Si ella se cree agraviada por publicaciones, debió resolverlo dentro de lo establecido por la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.

Es claro que pesa más el temor al desgaste que representa la grabación del 2015, en la cual ella conversa con el ahora procesado Gustavo Alejos acerca de un voluminoso financiamiento, el cual figuraba como evidencia dentro del expediente de antejuicio que fue rechazado sin ser conocido por la actual CSJ y sobre el cual la próxima semana la Corte de Constitucionalidad emitirá una resolución a pedido del MP.

Todos los autócratas o los aspirantes a serlo actúan en contra de la Libertad de Expresión y de la Libertad de Prensa. Así actuaron los gobernantes de las etapas oscuras de Guatemala y también de otros países. Con censura declarada o disfrazada llegaron Nicaragua y Venezuela a las actuales condiciones de represión, intolerancia, muerte y pobreza.

La amenaza a la libertad de prensa es un grave síntoma, por más que la señora Torres diga que la respeta y la valora, en un comunicado difundido en redes sociales, en el cual intenta justificar las maniobras legales emprendidas. El haber utilizado maliciosamente ya en dos ocasiones la Ley de Femicidio, primero para alejar a dos fiscales y luego para acallar a seis periodistas, entraña precedentes nefastos, con el aval de magistrados venales, y la coloca a la altura de la diputada oficialista Patricia Sandoval, quien invocó la misma norma para amedrentar a otro legislador, o de la exvicepresidenta Roxana Baldetti cuando intentó acusar al juez Xitimul de ser misógino.

Además, causa un daño colateral a la aplicación de justicia, porque al utilizar los delitos de la Ley de Femicidio de manera espuria con el obvio objetivo de limitar investigaciones o críticas, afecta a mujeres que sí son víctimas de agresiones físicas, verbales, psicológicas o económicas, por razón de su sexo o relaciones de poder, puesto que vulnera el amparo que dicha norma debe representar, lo cual constituye una vergüenza para quien aspira a un cargo cuya primera función es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.