En un estado democrático de Derecho son fundamentales las garantías a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y, por supuesto, el respeto a la propiedad privada, mueble o inmueble. Esta última es fruto de esfuerzos personales y familiares, a menudo de varias generaciones, que constituye un bastión de la confianza pública y de la productividad. Es por ello que resulta preocupante la enorme brecha abismal entre las miles de denuncias anuales de delitos contra la propiedad y la cantidad de sentencias emitidas, o en todo caso, conflictos resueltos por vías como el arbitraje.

Desde 2016 se registra un promedio de 4 mil denuncias de delitos contra la propiedad, por año, de los cuales el más frecuente es la usurpación, que consiste en el apropiamiento de un bien por medios ilícitos, entre ellos la falsificación de escrituras, las compraventas falsas, testamentos fraudulentos o simulación de cesiones. Tales prácticas requieren de la complicidad de abogados corruptos, puesto que la cadena de actos necesarios para despojar a un propietario es alambicada y con frecuencia involucra a funcionarios y hasta jueces venales.

Son preocupantes los datos presentados en el segundo estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad Inmueble, el cual analiza los delitos, la efectividad del sistema de justicia, así como las medidas para reducir su incidencia. De cada cien denuncias, solo 30 logran una sentencia o una salida alterna. En los últimos cinco años se ha desestimado el 63% de las denuncias, pero no necesariamente porque desaparezca la causa, sino porque fiscales del Ministerio Público estiman que no hay elementos probatorios para solicitar un proceso penal.

Tal cifra de desestimaciones merece una auditoría interna y externa, sobre todo en una administración del MP que ha estado sujeta a críticas por acciones y resultados. Tan solo el año pasado se cerraron 2 mil 957 procesos de un total de 4 mil 39. Es decir que solo alrededor de mil denuncias investigaron.

En el 2020 se consiguieron 29 arreglos alternos y una sentencia. Los casos no necesariamente eran del mismo año, puesto que las mismas limitaciones y deficiencias del Organismo Judicial conducen a entrampamientos y dilaciones.

Cabe señalar que muchas de las víctimas no siempre se dan cuenta a tiempo del despojo de sus propiedades y con frecuencia no cuentan con los recursos económicos para sostener un proceso prolongado. Ancianos, guatemaltecos que migran fuera del país, herederos, personas discapacitadas y viudos son los principales objetivos de los grupos de fascinerosos que utilizan herramientas legalistas para cometer sus fechorías. Sin embargo, aunque sus acciones se desarrollan bajo metodologías llamadas “de cuello blanco”, no son sino vulgares ladrones. No faltan casos en los cuales están involucradas bandas de narcotráfico u otras mafias que buscan terrenos para facilitar sus operaciones malsanas.

La modernización tecnológica del Registro de la Propiedad es un requisito clave para frenar este tipo de delitos. Es inconcebible que a estas alturas de la historia tan fundamental dependencia siga funcionando en un edificio del siglo XIX, con todo y las limitaciones que ello representa. Por otra parte ha sido sintomático que sucesivos gobiernos coloquen al frente de esta entidad a figuras afines e incondicionales, en lugar de especialistas idóneos.