El problema con las escenificaciones de apoyos apalabrados es que siempre terminan desnudando sus codependencias clientelares. Entonces se mira todo el entramado, las contradicciones y, por supuesto, los pactos de determinadas acciones a cambio de algún beneficio, concesión o prebenda. El más reciente caso sospechoso de ese tipo de arreglos se destapó recién ayer. No es suspicacia, sino una deducción a partir de la suma de elementos, circunstancias y actitudes divididas entre anteriores reacciones gubernamentales a las cuales hay que restar desplantes previos: toda una metáfora matemática que da el mismo resultado: más carga para el gasto público que se quedará más allá de cuando el mandatario Giammattei Falla entregue la banda.

Salubristas que no salieron con la misma fuerza a apoyar a los médicos y personal hospitalario en los momentos más angustiosos de la pandemia, que no se unieron al reclamo de medicinas e insumos para atender a pacientes críticos y a quienes ni siquiera se notó en el reciente episodio de desabasto en el Hospital General San Juan de Dios instalaron, de súbito, la semana recién pasada, un puesto de protesta frente al Congreso. Ni siquiera había diputados dentro, pero eso no importaba.

No hubo ninguna restricción policial, que sí es puntual y agresiva cuando se trata de otro tipo de convocatorias espontáneas. Tras haber pernoctado durante casi una semana, el Ejecutivo y el Congreso anuncian la contratación en el renglón de personal permanente de al menos 10 mil 400 salubristas. El presidente convoca a una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura y el ministro de Salud, Francisco Coma, usualmente huidizo, incluso se quitó la mascarilla para el anuncio triunfante, rodeado de diputados.

El problema no es la contratación de personal en sí, sino las dudas que rodean y rodearán dicho trámite. ¿Cómo se evaluarán las trayectorias, méritos y capacidades de los nuevos asalariados del Estado? ¿Cuánto aumentará el gasto del Ministerio? ¿Tendrán los diputados injerencia, bombo y platillo en el otorgamiento de plazas, tal como ha sucedido con las de Magisterio, por ejemplo en la Chiquimula del diputado Boris España? ¿Quién auditará la asignación de sueldos y el rendimiento laboral de los contratados?

Se reitera: nada hay en contra de la contratación de personal estatal que sea necesario, competente y bajo pruebas de oposición. Sin embargo, esta concesión llega a la mitad del año preelectoral, a las puertas del receso parlamentario, cuando los diputados se van a sus distritos para urdir sus campañas anticipadas, vendidas como giras de trabajo, de supervisión de obras e incluso de rendición de cuentas.

El censo de burócratas emprendido en el período anterior le heredó al actual mandatario la cifra de 37 mil plazas sin explicación. En sus primeros días, el presidente Giammattei Falla dijo que pagaría con cheques entregados personalmente: “Me va a servir para que me diga a mí qué es lo que hace, saber que existe. Me va a dejar por escrito qué hace y quién es su jefe. Si se presenta y llena la encuesta, recibe su cheque”, dijo exultante el 22 de enero de 2020, una semana después de asumir el cargo. Nunca se supo si en efecto comenzó tal proceso y a cuántos burócratas llegó a contabilizar. Pero ahora se anuncian 10 mil 400 plazas más que saldrán de los impuestos que todos los guatemaltecos pagamos.
Eso es lo que sucede cuando un gobierno hace lo mismo que sus antecesores aunque en su campaña haya ofrecido a gritos no ser uno más.