La desfachatez, el tráfico de favores y el oportunismo figuran entre las principales causas de la actual crisis del sistema político guatemalteco, una de las más graves debido a la imprudencia de 107 diputados que aprobaron dos decretos que lesionan gravemente la aplicación de justicia, o la impertinencia de un mandatario que repentinamente reveló su animadversión hacia el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y pidió su expulsión. En ambos casos, las decisiones surgieron en medio de notorios conflictos de intereses que ponen en serias dudas las verdaderas intenciones de los protagonistas.

Un grupo de ciudadanos se apresta para protestar hoy contra la corrupción y la inmunidad, un esfuerzo que arrancó la semana pasada, cuando el descontento popular obligó al Congreso a dar marcha atrás en su despropósito, pero dadas las decepciones continuadas sobre el actuar de los diputados, no era suficiente retractarse.

Ciertamente, los abusos de la clase política comenzaron con la misma era democrática, pues tanto diputados como mandatarios se despacharon con la cuchara grande desde aquellos primeros años, en los cuales hubo denuncias de despilfarro, sobrevaloraciones y malos manejos de fondos.

Los gobiernos poco hicieron para atacar la corrupción y así empezó un acomodamiento de mafias para apropiarse de los recursos públicos y, todavía peor, con ellos también empezó a crecer el atroz clientelismo que ha llevado el aumento del presupuesto a niveles insostenibles e irresponsables.

En ese contexto se dieron las primeras aberraciones, que buscaban responder a la descomposición del máximo órgano de representación nacional, convertido en una gavilla de chantajistas, lo que llevó al aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías a intentar abolir el Congreso y las cortes de Justicia, en un intento por consolidar una autocracia que la población y las instituciones democráticas, específicamente la Corte de Constitucionalidad, lograron conjurar.

Hubo un amago de depuración en 1994, el cual solo condujo a un nuevo reacomodo de los grupos mafiosos, y así se llegó al extremo de tener un gobierno en 1996 capaz de negociar bajo aviesos intereses los recursos del Estado, en una operación de despojo que luego se evidenció fraudulenta y dirigida a ciertos allegados y conmilitones.

El resto de gobiernos solo continuó la degeneración de un modelo en el que se acumulaban abusos y pillaje, al extremo de que quienes habían encontrado la modalidad de financiar a los políticos en cada elección lograron una permanencia nociva en instituciones claves, como ocurrió con la gestión del FRG, PAN, Gana, UNE y Patriota, donde la podredumbre llegó a niveles francamente intolerables.

En un final casi tragicómico llegaron las protestas del 2015, que dieron paso al triunfo de Jimmy Morales, quien ayer, durante su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, volvió a arremeter contra la Cicig, única institución que ha dado resultados concretos en la lucha contra la corrupción, mientras en Guatemala los jefes de bloques acordaban reactivar en el pleno la solicitud de antejuicio contra el mandatario y, paralelamente, renunciaban tres de los más importantes ministros de este gobierno.